Legisladores de la oposición cuestionaron ayer al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en torno al conflicto por el cierre de unos 221 cursos y atribuyeron al líder del PRO la intención de «eliminar la educación pública», así como impulsar una «brutal transferencia de recursos» a la gestión privada.
El presidente del bloque Frente para la Victoria, Juan Cabandié, advirtió: «Por si a algún distraído le quedaban dudas, Macri busca eliminar la educación pública».
Asimismo, cargó contra el funcionario del Ministerio de Educación, que conduce Esteban Bullrich, a quien los gremios docentes responsabilizan por el cierre de los cursos.
“Saltó la liebre: Maximiliano Gulmanelli, subordinado directo de Bullrich, es un antiguo miembro del negocio en la educación privada. Él es quien le pone nombre y apellido a la presunción de los docentes porteños que venían advirtiendo que el cierre de grados favorecería a la escuela privada”, resaltó.
Y precisó: «sus antecedentes hablan por sí solos: fue el coordinador general de la fundación de Julio Grassi, hoy preso y juzgado por abusos sexuales”.
Por su parte, el compañero de bloque, el legislador Francisco «Tito» Nenna denunció al jefe comunal de encarar una «práctica una brutal transferencia de recursos» a escuelas privadas.
Y en referencia Gulmanelli, quien trabajó para la Fundación Felices Los Niños, dijo que «el macrismo está haciendo estragos en la educación pública con la instauración y el despliegue de medidas neoliberales de achicamiento estatal».
En tanto, la diputada porteña María Elena Naddeo, del Frente Progresista y Popular, presentó un pedido de informes dirigido al Ejecutivo para que dé cuenta «de las transferencias de subsidios a la educación privada en desmedro de la educación pública».
«El cierre de cursos afecta exclusivamente a la escuela estatal. Es necesario revisar los recursos que se vuelcan día a día a escuelas privadas. En los barrios donde se cierran cursos crecen los subsidios a escuelas privadas acomodadas. Es una política que responde a la concepción privatizante y subsidiaria del estado a la educación, es inadmisible en el siglo XXI», aseguró.
Fuente: Télam
