Por Frente Popular Darío Santillán
Desde hace casi dos años la Universidad Nacional de Luján atraviesa una crisis de identidad, una crisis ideológica, que pone en juego su integridad.
Esta crisis se desata a partir de que el docente José Luis Torella, que trabaja para el Departamento de Tecnología en la carrera de Ingeniería Agronómica fuera denunciado en 2009 por una estudiante de acoso sexual, persecución, violencia económica, abuso de poder y amenazas, dentro y fuera de la institución. Esta estudiante se acercó a nosotros y a la organización FUL (en el MULCS) para transmitir lo que estaba viviendo a causa de este docente acosador y desde ese momento asumimos el compromiso de dar la batalla junto a ella.
Entendemos los hechos por los cuales José Luis Torella es denunciado y los que se sucedieron luego del comienzo del proceso de juicio como parte de los mecanismos de opresión que sufren las mujeres aún en la actualidad, y como parte también de la macabra trama de relaciones y dominaciones que teje el sistema capitalista, reproducido con validez académica en nuestras universidades públicas. Es por eso que decidimos emprender esta lucha desde el inicio: en el ámbito civil logramos que la Fiscalía nº 4 de Mercedes otorgue a la estudiante una medida perimetral de 200 metros para su protección física; y en el ámbito universitario, comenzamos un extenso proceso burocrático en pedido de la apertura de un Juicio Académico al docente, que finalmente fue dispuesto por el Consejo Superior de la Universidad en febrero del 2010, junto con la suspensión provisoria y preventiva con goce de haberes de todas sus funciones y con expresa prohibición de ingreso a cualquiera de las sedes de la Universidad.
Para caracterizar la conducta de este docente cabe citar que en el transcurso de este año a violado ambas medidas perimetrales, ingresando en reiteradas ocasiones a la universidad y siguiendo a la estudiante por la calle; ha amenazado a testigos del juicio y a la Universidad misma; y en más de un testimonio del expediente puede conocerse la característica de José Luis Torella de mirar pornografía infantil en la computadora de su oficina, en presencia de estudiantes y otros docentes.
Como estudiantes nos preguntamos ¿quiénes están frente a nuestras cursadas? Si en las aulas, dando clases, tenemos docentes que aplauden el secuestro y violación de menores para ser mostrados en una página de internet ¿qué profesionales vamos a egresar de la universidad pública?
¿Qué universidad queremos? ¡No queremos una universidad con acosadores!
Cómo podemos permitir que personajes de estas características sean los que pretendan “enseñarnos” todos los días, parándose frente al pizarrón con la autoridad que ello representa, ya que luego son quiénes nos evalúan, ponen notas y deciden sobre el futuro de nuestra carrera. ¿No está doblemente vulnerado el estudiante acosado por un docente? ¿No debe la universidad encargarse de que se cumpla la medida restrictiva impuesta?
El Tribunal Académico ya dio su dictamen, en el cual se lo consideró CULPABLE de las acusaciones y se dio la recomendación al Consejo Superior de sancionarlo. Esto es un claro triunfo en este largo proceso, sin embargo ¡todavía falta! Porque el Consejo Superior debe sesionar para decidir si toma el dictamen enunciado por el tribunal para determinar una sanción o no.
Para ello esperamos que el Consejo Superior se haga cargo de la responsabilidad que tiene con la estudiante afectada, con toda la comunidad universitaria y con la sociedad entera que espera de ella el cumplimiento de su deber de velar por los derechos humanos, amparados en la constitución nacional, y por los tratados internacionales que comprometen a nuestro país a erradicar la violencia contra las mujeres.
Nuevamente nos preguntamos ¿Qué universidad queremos? ¡No queremos una universidad con acosadores! ¡La única sanción legítima es la expulsión!
De lo contrario se seguirá vulnerando la integridad física y sicológica de la estudiante y de toda la comunidad universitaria; de lo contrario nuestra universidad sufrirá un cambio profundamente negativo, quebrando los fundamentos que la hicieron históricamente defensora de los derechos humanos, llegando a ser clausurada por la última dictadura militar donde docentes y estudiantes aún hoy continúan desaparecidos.
Por eso, el conflicto que atraviesa hoy la Universidad Nacional de Luján es identitario: ¿qué universidad queremos?
¡NO QUEREMOS UNA UNIVERSIDAD CON ACOSADORES!
Como Frente Popular Darío Santillán exigimos la expulsión de José Luis Torella de la Universidad así como la eliminación de todo acto de opresión dentro o fuera de la misma, a favor de construir una sociedad de hombres y mujeres libres, donde nadie pueda dominar a un ser humano por ocupar un cargo importante, por ser su patrón o por estar frente a una cursada.
¡Por la expulsión de José Luis Torella de la Universidad Nacional de Luján!
¡Por la eliminación de los actos de violencia hacia las mujeres!
¡Basta de desigualdad! ¡Basta de opresión!
