El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, encabezó ayer en el auditorio Emilio Fermín Mignone de la Secretaría una reunión con autoridades de la Corte Suprema de Justicia, funcionarios judiciales y funcionarias nacionales representantes de áreas del Estado Nacional con competencia en temas de género, con el fin de debatir, visibilizar y poner en valor recientes avances institucionales contra la violencia hacia las mujeres.
El funcionario estuvo acompañado por la subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, Marita Perceval y el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén.
“Esta reunión forma parte de una decisión política de la Secretaría de Derechos Humanos, en el marco del convenio suscripto con el Consejo Nacional de las Mujeres, para la construcción de políticas públicas para la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género. La Secretaría, por propia iniciativa, se compromete a presentarse como querellante en los casos de violencia de género”, dijo Duhalde.
Planteó además la “necesidad de romper el modelo patriarcal” y de revertir una cultura de “invisibilidad y encubrimiento” que se perpetuó durante siglos. “Nos hemos criado escuchando sobre ‘crímenes pasionales’, producto del ‘amor’ y no de la violencia”, agregó el funcionario.
“Así como el Estado terrorista del año 1976 fue una relectura y una resignificación del horror, podemos remontarnos a una cultura del acostumbramiento desde la Conquista al Desierto hasta la Ley de Residencia, pasando por los distintos golpes de Estado, que fueron creando una cultura de la impunidad y de aceptación social a las violaciones de los derechos humanos y de la institucionalidad. En el caso de la mujer, también viene abonado por esa cultura, por esa invisibilidad, por ese acostumbramiento”, prosiguió Duhalde.
El funcionario concluyó: “Esto requiere de un debate profundo que aborde el plano social, político y jurídico. Tenemos que buscar que la ley refleje la sanción social a los derechos fundamentales”.
A su turno, el juez Fernando Ramírez, destacó que los instrumentos jurídicos internacionales, como la Convención de Belén do Pará, permiten tratar los casos de violencia de género desde una perspectiva de derechos humanos, “diferente a los instrumentos teóricos habituales utilizados por la dogmática penal”.
Asimismo, consideró que resulta necesario “abordar estas cuestiones a partir del concepto base de la igualdad” y de manera “integral”, al tiempo que expresó que socialmente el tema de la violencia contra la mujer se “subestima”, y agregó que esto impide “percibirlo en su verdadera dimensión”.
Por su parte, el juez Gabriel Vitale, expresó que “falla la mirada de los operadores judiciales a la hora de tratar los delitos de violencia de género”, al tiempo que propuso abordar esta problemática a partir de un “análisis integral de la situación”.
A continuación, Alén destacó la importancia de que el Estado asuma su responsabilidad frente a esta problemática, porque “es una temática de Derechos Humanos, ya que afecta el principio de igualdad; en el recorrido de la violencia el Estado está fallando al no poner un límite ante la primera denuncia; para algunos operadores de justicia y policiales a veces aparece como más preocupante el derecho a la propiedad, subestimándose este tipo de casos, y porque el derecho penal clásico no tiene el eje puesto en esta mirada”.
Perceval manifestó, por su parte, que “el debate actual radica en la necesidad de tipificar lo que desde el feminismo crítico se plantea como femicidio”. Son tipos penales que hay que trabajar con precisión para que justamente se alejen de la ambigüedad y tomen distancia de aquellos que utilizan el Código Penal como disciplinamiento social y que reducen también la construcción de las mujeres en cuanto sujeto social”.
Sostuvo la necesidad de profundizar “el gran salto que dimos con la sanción de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y “las acciones y estrategias que contemplen todos los tipos y modalidades de violencia”.
Manifestó que “es una responsabilidad de todos los poderes del Estado garantizar que los casos de violencia contra las mujeres no sean invisibilizados en la Justicia”.
Enfatizó, asimismo, “la necesidad de analizar en profundidad la conveniencia de tipificar los delitos de femicidio en el Código Penal, reconociendo que no es el poder punitivo el que va a erradicar las situaciones y condiciones de desigualdad estructural que aún atraviesan la vida de las mujeres”.