La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, descubrieron ayer una placa conmemorativa en la Superintendencia de Interior y Delitos Complejos de la Policía Federal Argentina (Moreno 1417), donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura.
En el contexto del trabajo de la Red Federal de Sitios de Memoria, los funcionarios participaron de la actividad junto al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, autoridades de las cuatro Fuerzas de Seguridad federales, el titular de la comisión bonaerense por la Memoria, Hugo Cattón y el juez federal Daniel Rafecas, que lleva adelante la investigación del centro clandestino.
El edificio, que fuera conocido como “Coordinación Federal” durante los años sesenta y setenta, fue parte fundamental del circuito represivo que durante la dictadura inaugurada el 24 de marzo de 1976 funcionó bajo la órbita territorial del Primer Cuerpo del Ejército y las Fuerzas de Seguridad.
“Esta placa rinde homenaje a las víctimas y tiene la intención de recuperar un espacio con connotaciones tristes para todos, pero sobre el que debemos informarnos para superar la etapa trágica del terrorismo de Estado y fortalecer nuestra democracia para que nunca más pueda suceder”, señaló Garré.
Asimismo resaltó que “a partir de 2003 se tomó una decisión muy firme que permitió ir consolidando este proceso. Pero también se sumaron el Poder Legislativo y el Judicial, con una Corte que aprobó la nulidad de las leyes de impunidad”.
«Nos debemos como pueblo invitarnos a la reflexión para saber lo que no debe ocurrir nunca más; cómo tenemos que fortalecer nuestra democracia y el Estado de derecho para que nunca más un grupo mesiánico y minoritario se sienta con el derecho a hacerse cargo de todas las instituciones del Estado, aplicando la ley más salvaje en función de sus propias ideas”, concluyó Garré.
El 11 de julio de 2008, el Tribunal Oral Federal N° 5 consideró probado el funcionamiento de este centro clandestino y condenó a prisión perpetua a dos integrantes de la fuerza por su participación en los delitos cometidos en estas instalaciones y en la denominada “Masacre de Fátima”, en la que treinta personas que se encontraban detenidas ilegalmente fueron trasladadas entre el 19 y 20 de agosto de 1976 al partido de Pilar, donde fueron asesinadas y sus cuerpos dinamitados
Por su parte, Duhalde expresó que “la memoria no sólo debe estar en el corazón y el sentimiento de los argentinos, también debe visualizarse para concientizar a las generaciones futuras. Ese es el objetivo de ceremonias como estas”.
“La construcción de la memoria es la única manera de recordar el pasado, no para quedarnos en él, sino para construir un mejor futuro”, remarcó el secretario de Derechos Humanos.
Este edificio «es un lugar emblemático que empezó a funcionar en 1961 y en 1976 fue un centro clandestino en el que pasó mucha gente que después fue a otros lugares», dijo el secretario de Derechos Humanos y agregó que «desde el día del golpe de Estado, este fue un lugar de reunión de los detenidos desaparecidos para ser luego remitidos a otros lugares de concentración y exterminio”.
«También de aquí se sacó gente para asesinarla como escarmiento en la ’Masacre de Fátima’, en Pilar», manifestó.
Además, Duhalde se refirió a María Pía, la nieta 103 que descubrió su verdadera identidad el martes pasado.
«Cuando las Abuelas -de Plaza de Mayo- empezaron con esta tarea, y se creía que mentían o exageraban, estaban hablando de una realidad siniestra y perversa del terrorismo de Estado, que fue mantener con vida a jóvenes mujeres y luego asesinarlas y apropiarse como botín de guerra de sus hijos», expresó el funcionario.
«Son muchos los hechos dramáticos y trágicos, y el dolor acumulado es muy grande», concluyó.
En el acto estuvieron presente sobrevivientes, familiares de víctimas del terrorismo de Estado, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas, Hijos, familiares de Patrick Rice –que estuvieron secuestrados en ese centro clandestino-, el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén; la subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, Marita Perceval; representantes de la Red de Sitios por la Memoria y autoridades del Archivo Nacional de la Memoria, entre otros.