El ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge «Fino» Palacios, procesado con prisión preventiva en la causa por las escuchas telefónicas ilegales, fue excarcelado ayer por decisión de la Cámara en lo Criminal Federal de esta Capital Federal. Otro tanto ocurrió con el sindicado espía Ciro James, procesado como miembro de una asociación ilícita.
Mientras la excarcelación de Palacios fue dispuesta por la Cámara Federal, la libertad de James la decidió el juez Norberto Oyarbide.
Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas del atentado a la AMIA, cuya línea telefónica fue intervenida de manera ilegal, dijo que le resultaba «incomprensible» que mientras algunos estuvieran presos, otros procesados, como el jefe de gobierno de la Ciudad (Mauricio Macri), siguieran en libertad.
«No me sorprendería que James quede en libertad porque fue excarcelado quien le dio la orden de realizar las intervenciones telefónicas», vaticinó Burstein en diálogo con Télam, minutos antes que se conociera la decisión de Oyarbide.
Fuentes judiciales indicaron que Palacios y James, luego de ser trasladados esta tarde desde la cárcel de Marcos Paz, recuperarán la libertad, bajo caución «juratoria», desde los tribunales federales de Comodoro Py 2002, donde tiene asiento el juzgado federal 7 de Oyarbide.
Allegados al sumario aclararon que las libertades concedidas a Palacios y a James «no modifica su situación en la causa, con relación a sus procesamientos como presunto jefe y miembro de una asociación ilícita» dedicada a realizar las escuchas telefónicas.
Oyarbide decretó la libertad de James basado en la evaluación realizada y el criterio empleado por la Cámara Federal cuando, horas antes, concedió el beneficio a Palacios.
La Sala I del tribunal, que en anteriores ocasiones había coincidido con el juez federal Oyarbide, pero exigiéndole reforzar sus fundamentos para rechazar la excarcelación de Palacios, indicó que el magistrado hizo todo lo contrario porque se opuso a la libertad con argumentaciones «genéricas».
La resolución que pone en libertad a Palacios, quien está detenido desde hace algo más de un año, fue firmada por los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler.
El defensor de Palacios, el abogado Diego Richards, había intentado varias veces, sin éxito, obtener el beneficio, pero en su último planteo marcó los «defectos» de la última oposición de Oyarbide.
En los intentos anteriores de la defensa, la Cámara apoyó la decisión de Oyarbide, pero le marcó la necesidad de reforzar y precisar los argumentos para mantener en prisión a Palacios.
El tiempo de detención -Palacios computaba más de 13 meses preso al momento del fallo de la Cámara- fue ponderado para la concesión del beneficio y como elemento para un eventual entorpecimiento de la investigación, que debió avanzar con el tiempo.
«Ello porque la Cámara entiende que el avance de la pesquisa torna relativa esa posibilidad», agregaron las fuentes consultadas, que también mencionaron como elemento a favor de Palacios el tiempo que lleva detenido.
Por eso Ballestero y Freiler, además del cuestionamiento a la labor de Oyarbide, instaron al magistrado a acelerar los pasos procesales para concluir la etapa sumarial y elevar la causa a juicio oral y público.
La resolución de segunda instancia evidenció el malestar del tribunal porque evaluó que Oyarbide hizo lo contrario a lo que le indicó en sus intervenciones anteriores -cuando exigió hechos «incontrastables» para mantener preso a Palacios- e incurrió en todos los defectos que se quisieron prevenir desde un comienzo.
«No es un hecho menor» que el imputado se encontrara detenido desde el 17 de noviembre de 2009, expusieron los camaristas.
De tal manera, se consignó, la Cámara estuvo «forzada» a conceder la excarcelación y dejó en manos del juez la utilización de los mecanismos legales para asegurar que el ex jefe de la Policía Metropolitana no se fugará ni entorpecerá la que resta de la investigación previa al juicio.
Horas después Oyarbide consideró suficiente la «caución juratoria», por la cual los imputados se comprometen a observar una serie de reglas de conducta, bajo apercibimiento de perder el beneficio de la libertad.
Ballestero y Freiler recordaron antecedentes de organismos internacionales que establecieron que los jueces de instrucción no tienen como misión «sancionar e imponer una pena», sino que su tarea está vinculada al «descubrimiento de la verdad, y es allí donde debe concentrar todos sus esfuezos».
La Sala I de la Cámara precisó que Oyarbide «deberá considerar la aplicación de las herramientos alternativas» para asegurar los fines del proceso.
Las «herramientas alternativas» aludidas por los camaristas son las previstas en el artículo 310 del Código Procesal Penal de la Nación, que faculta a los magistrados a disponer, entre otras medidas cautelares, cauciones, restricciones, presentaciones periódicas en el juzgado y prohibiciones para salir del país.
«Acatamos lo que la justicia dispuso» y «nosotros nunca intervinimos en la cuestión relacionada con los pedidos de excarcelación», manifestó Burstein, quien agregó que «si la Cámara entiende que no hay peligro de fuga ni peligro de entorpecer la investigación, no tenemos ninguna objeción».
Fuente: TÉLAM