El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) recibió múltiples denuncias por discriminación contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y contra su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, que están siendo evaluadas por el Área Jurídica del organismo para dictaminar si sus dichos son una violación a la ley de Actos Discriminatorios (Ley 23.592). Ambos funcionarios porteños asociaron en sus declaraciones públicas y en repetidas oportunidades la toma de terrenos públicos en la zona sur de la Ciudad con el origen nacional de algunos de los habitantes de la zona.
“Hemos recibido las denuncias de la embajadora de la Republica de Bolivia y de la Coordinadora de la colectividad boliviana en Argentina (COCOBO), entre otras y las estamos analizando; eventualmente pueden derivar en una denuncia penal ante la Justicia Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” informó Claudio Morgado, presidente del Inadi.
Si el análisis así lo determina, el Inadi podría realizar una presentación penal ante la Justicia Penal de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos del Art. 3 de la ley 23.592. Dicho artículo de la ley establece que serán reprimidos con prisión de un mes a tres años “quienes por cualquier medio alentaren o iniciaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.
“Asociar el origen nacional con situaciones delictivas o violentas no hace más que reforzar la estigmatización a la que cotidianamente son sometidos ciudadanos bolivianos, peruanos, paraguayos, entre otros. En ese sentido, la Constitución Nacional es clara desde su Preámbulo que propone “asegurar los beneficios de la libertad para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Además, la Ley de Migraciones Nº 25.875 sancionada por el Honorable Congreso de la Nación y reglamentada este año por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner; define a la migración como un “derecho esencial e inalienable de la persona. Con esta definición de la migración como un derecho, el Estado argentino se pone a la vanguardia de las naciones latinoamericanas y se auto-obliga a garantizarlo sobre la base de los principios de igualdad y universalidad”, finalizó Morgado.