Luego de la tragedia ocurrida en el barrio porteño de Villa Urquiza, donde la construcción de una obra derivó en el derrumbe de un gimnasio, distintas figuras del ámbito político de la Ciudad se manifestaron en referencia al hecho, responsabilizando a la gestión macrista.
Andrés Elisseche, Defensor Adjunto del Pueblo, señaló que el derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza “era evitable si el Ejecutivo de la Ciudad hubiese atendido las denuncias de los vecinos y la UOCRA, y actuado según las facultades de policía que le son propias”. La tragedia dejó dos muertos, 11 heridos y un desaparecido.
En ese sentido Elisseche citó como ejemplos “la clausura preventiva del establecimiento y el allanamiento para los controles que no fueron efectuados por la posible obstrucción de la empresa y la realización de tareas de apuntalamiento con costas para el infractor”.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires inició de oficio una serie de acciones para saber porqué el Gobierno porteño falló a la hora de controlar la obra en construcción que ocasionó el derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, la muerte de una persona, once heridos y dos desaparecidos.
El organismo procedió a la apertura de la Actuación 3959/10 para solicitar que la Agencia Gubernamental de Control, la Subsecretaría de Trabajo y la Dirección General de Registro de Obras y Catastro de la Ciudad, informen si efectuaron las inspecciones correspondientes en el lugar.
La solicitud abarca también la fecha y resultado de las mismas, los profesionales que estuvieron a cargo y de qué modo tuvieron en cuenta la reglamentación local y nacional referida a la seguridad, higiene y de riesgos en el trabajo, indicó en un comunicado.
Por su parte, el legislador de Diálogo por Buenos Aires, Eduardo Epzteyn, afirmó ayer que en el caso del derrumbe del lunes en el barrio porteño de Villa Urquiza «la pregunta es si hubo una denuncia de Unión de Obrera de la Construcción (UOCRA) que hablaba de que en la fase de la demolición había irregularidades entonces por qué se permitió seguir avanzando con la perforación posterior y sin una verificación previa».
Según el legislador, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri siempre le da «la razón a las constructoras y trabaja a favor de ellas como el caso que ocurrió en Villa Pueyrredón donde había en menos de dos cuadas de distancia dos obras con el mismo número de expediente y en la que estaba trabajando la misma constructora».
«Macri sabía de esto porque se reunió con los vecinos en una oportunidad y se enteró por ejemplo de que había registrados 19 permisos de demolición ´truchos´», afirmó Epzteyn, y agregó que «esto de lo que está hablando es de que Macri se hizo el distraído con el tema».
En tanto, el diputado kirchenerista Juan Cabandié recordó que en el mes de «abril se murió obrero en una obra que estaba realizando nada menos que el Estado porteño, como es la del entubamiento del Arroyo Maldonado, además se descubrió que el ingeniero a cargo no estaba habilitado para hacerla porque su especialidad era la ingeniería en electricidad».
«Lo que deduzco, por lo que dicen los funcionarios es que hubieron dos inspecciones que cuando llegaron no encontraron a nadie, sin embargo los vecinos afirman que estaban trabajando hace mucho tiempo allí, debe haber algo oculto seguramente, aunque no lo quiero culpar a Macri por esta situación», indicó Cabandié.
A su vez, la legisladora porteña por la Coalición Cívica Adriana Montes presentó un pedido de informes para que el poder Ejecutivo de la Ciudad responda por el derrumbe de una obra en construcción sobre un gimnasio en el barrio de Villa Urquiza.
«El derrumbe que sucedió en el gimnasio lindero a la obra en construcción deja al descubierto que los controles que ejerce el Gobierno de la Ciudad están siendo débiles o en el peor de los casos no se están realizando correctamente», expresó Montes.-
Asimismo, la diputada de la Coalición Cívica manifestó que Macri debe asumir la responsabilidad que le cabe en este hecho.
«Parece que el Jefe de Gobierno tiene la mecánica de tirar la pelota afuera en lugar de hacerse cargo de los problemas que afectan a los vecinos de la Ciudad. En este caso Macri responsabilizó a la empresa constructora y al ingeniero a cargo de la obra y en el caso del bebe que murió a causa de frío por vivir en la calle denunció a los padres por abandono de persona», agregó Montes.
«Son reiterados los ejemplos en los que se observa la misma conducta del Jefe de Gobierno, concluyó la diputada de la CC.
Por su parte, el presidente del bloque Igualdad Social en la Legislatura porteña, Martín Hourest, señaló: «Coincido plenamente con lo que dijo el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, cuando, en conferencia de prensa, manifestó que se van a tener que repensar las leyes para que estas situaciones no vuelvan a repetirse en la Ciudad de Buenos Aires. En lo que no estoy de acuerdo es en la lógica de la ‘lavada de manos’ al estilo Poncio Pilatos. Es bueno que Macri y su gabinete hayan concurrido inmediatamente al lugar de la tragedia, lo que no es correcto es echarle toda la responsabilidad al dueño de la constructora, el ingeniero Guillermo Heyaca Varela, quien seguramente deberá rendir cuentas ante el Consejo Profesional y luego lo tendrá que hacer ante la Justicia, como corresponde».
«Aquí la cosa es muy seria porque ya tuvimos episodios similares, primero en Caballito cuando se derrumbó una casa de valor histórico, luego en el barrio de Monserrat cuando cayó un techo; en Villa Crespo -casi finalizando 2009- en donde también falleció una persona que estaba trabajando, a esto le sucedió en enero del corriente año, el derrumbe de viviendas y semáforos en el barrio de Chacarita para culminar ayer con el trágico episodio del desplome del gimnasio en Villa Urquiza», sostuvo Hourest.
El presidente de Igualdad Social se preguntó: «¿Hasta cuándo vamos a permitir que siga en vigencia la normativa que regula demoliciones y anexos? Es prioritario que, además de apersonarse en el lugar de los hechos, el Jefe de Gobierno, se haga cargo de cambiar la ley vigente y se ponga a trabajar con su equipo y la legislatura para formular un nuevo paquete de normas que regule las demoliciones y que establezca un verdadero control sobre las mismas ya que el Estado no puede aparecer recién cuando se instala la primera loza ¿Por qué el gobierno porteño no se hace presente en las excavaciones? se cuestionó Martín Hourest al tiempo que manifestó que «el 60% de las demoliciones en la Ciudad de Buenos Aires, son fraudulentas».
«Entonces, hay que modificar con urgencia la ley, hay que frenar la voracidad de piqueta ante la búsqueda del metro cuadrado en valor y hay que parar con la lógica de los especuladores inmobiliarios porque sino esta Ciudad se tornará menos hospitalaria y más riesgosa», concluyó el legislador.