Los diputados porteños firmaron ayer al mediodía el despacho que define las características del cuerpo que analizará la responsabilidad del jefe de Gobierno local, Mauricio Macri, y sus funcionarios en la causa de escuchas telefónicas. El proyecto será votado en el recinto el 12 de agosto.
Los diputados de la oposición emitieron un dictamen en la Legislatura que propone la creación de una comisión investigadora especial con 17 miembros para que analice la responsabilidad de Macri, en la causa de escuchas ilegales, mientras que el bloque del PRO renovó su proyecto para un juicio político al líder comunal.
Reunidos en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, los legisladores del arco opositor firmaron el despacho para conformar la investigadora especial que, en principio, otorgaría cuatro de sus 17 sillas a la bancada oficialista, dos a Proyecto Sur y once en representación de cada uno de los bloques del Parlamento capitalino.
Sin embargo, fuentes parlamentarias adelantaron que esas proporcionalidades podrían sufrir cambios de aquí a la semana próxima, cuando el jueves próximo realicen la sesión ordinaria para tratar todos los temas vinculados con la causa de las escuchas en la que está procesado Macri por asociación ilícita.
Una de las posibilidades que se baraja es que aumenten a siete la cantidad de miembros del macrismo como un gesto de la oposición para que, finalmente, la Comisión Investigadora cuente con la totalidad de las fuerzas ante la amenaza del PRO a no sumarse a esa instancia.
En ese sentido, el oficialismo porteño insistió, en la reunión de Asuntos Constitucionales, con el proyecto de juicio político a Macri por la causa de espionaje, en cumplimiento de la instrucción del líder del PRO que consideró esa herramienta constitucional como salida a la crisis desatada por las escuchas ilegales.
El titular del bloque Peronista, Diego Kravetz, abogó por la conformación de la Comisión e instó a los macristas «dejar de lado el maquillaje político y tener una posición pro activa para dar con la verdad”.
En tanto, el legislador del oficialismo Martín Ocampo ratificó la voluntad de su espacio por avanzar con el juicio político y aseguró que no se sumarán a una Investigadora que se constituya en «un escenario político de desgaste de la gestión de Macri”.
«La Comisión que propone la oposición es oportunista: inventaron una representación a medida, en contra de aquella votada por la ciudadanía”, sintetizó Gerardo Ingaramo.
Con este escenario, el macrismo estudia la posibilidad de elevar a la vicepresidencia primera de la Legislatura, a cargo de Oscar Moscariello, de una nota en la que quede expreso un pedido para derivar el proyecto de juicio político directamente a la Sala Acusadora, contemplada en el artículo 93 de la Constitución de la Ciudad.
De esta manera, evitaría poner a votación el inicio del juicio político dentro del recinto, donde cuentan con solamente unas 24 voluntades, cifra que no alcanza a una mayoría simple –establecida en 31 manos alzadas-.
Además, la oposición emitió otro despacho vinculado con la citación «en forma espontánea” de Macri para el 24 de agosto a fin de brindar explicaciones sobre las escuchas, convocatoria que fue rechazada de plano por el macrismo que pidió su archivo inmediato.
Asimismo, existió un solo acuerdo entre los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales para pedir una copia del expediente de la causa judicial por espionaje para sumar material de análisis a la Investigadora Especial, de concretarse su creación.
Por otra parte, el juez federal Norberto Oyarbide ordenó ayer que el jefe de Gobierno porteño sea sometido a un examen psicológico y a un estudio socioambiental en su domicilio, dentro de la causa del espionaje telefónico.
El magistrado le dio además un plazo de cinco días para que el procesado jefe comunal se presente en Tribunales para hacer efectivo el embargo de 250 mil pesos que le fijó en mayo pasado.
Peritos del Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema de Justicia, será los encargados de realizar el examen psicológico, dijeron fuentes judiciales Las fuentes buscaron desdramatizar la decisión del juez y explicaron que se trata de tramites «obligatorios» previstos por el Código Procesal Penal para todos los imputados acusados de delitos cuya pena supere los 10 años de prisión.
El «examen mental obligatorio» mencionado en el artículo 78 del Código lo prevé «siempre que el delito que se le atribuya esté reprimido con pena no menor de diez (10) años de prisión, o cuando fuere sordomudo, o menor de dieciocho (18) años o mayor de setenta (70), o si fuera probable la aplicación de una medida de seguridad».
Macri está procesado como miembro de una asociación ilícita, delito que tiene una pena máxima de 10 años de prisión, y por abuso de poder, intervención indebida de comunicaciones y falsificación de documento público, que en conjunto prevén una condena de seis años y medio de cárcel.
Al mismo examen serán sometidos el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge «Fino” Palacios y al ex espía Ciro James, ambos detenidos y procesados por formar parte de la misma asociación ilícita.
El plazo para depositar el monto del embargo, o en su defecto una propiedad que cubra el monto fijado también es rutinario luego de que, como ocurrió, la medida dictada por el juez fuera confirmada por la Cámara Federal porteña.
Se trata de una cifra menor en relación a la fortuna personal de Macri, quien integró el directorio de la firma familiar Socma, (Sociedades Macri), que en la década pasada fue beneficiaria de privatizaciones y hoy despliega sus negocios en China, entre otros países.
Fuente: TÉLAM