Distintos legisladores porteños expresaron ayer su «solidaridad» a los jueces de la Ciudad que denunciaron al Gobierno de Mauricio Macri de llevar adelante un «intento de disciplinamiento» de los magistrados y señalaron que el jefe del Ejecutivo quiere una «justicia adicta».
«Las competencias del Poder Judicial deben ser respetadas y Macri no puede avasallar la independencia de los poderes», dijeron desde el bloque Diálogo por Buenos Aires, que integran los legisladores María Elena Naddeo, Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra y Raúl Puy.
En ese sentido, indicaron, a través de un comunicado, que el bloque «hace llegar su solidaridad con los jueces Elena Liberatori, Roberto Gallardo, Patricia López Vergara y Guillermo Scheibler, amenazados con sanciones inéditas por el Poder Ejecutivo».
«Los intentos de condicionar y maniatar la Justicia porteña son una forma autoritaria de gobierno. No hay ‘conflicto’ de poderes. Lo que hay es una constante tendencia a ignorar la independencia de los poderes, por parte de un gobierno que actúa desde un lugar de soberbia y negación», resaltaron.
Por su parte, el legislador K Francisco «Tito» Nenna consideró que Macri «pretende una Justicia adicta», en el marco de la demanda promovida contra los jueces ordinarios de la Ciudad.
Asimismo, el dirigente de la CTA comparó la ampliación de juzgados que impulsó el macrismo en la Ciudad con el funcionamiento de la Corte Suprema de la Nación durante el menemismo al sostener que el titular del Ejecutivo «quiere blindarse con una mayoría automática para avasallar a los porteños impunemente».
En tanto, los diputados de Proyecto Sur Julio Raffo y Rafael Gentili presentaron un proyecto de resolución por el cual el Poder Legislativo deberá «desistir de manera incondicional de la demanda promovida contra el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por conflicto de poderes».
Es que el año pasado, tanto la Legislatura, como el Ejecutivo de la Ciudad promovieron demandas al considerar que dichos jueces avasallaron su labor al frenar, con sendos fallos, el proceso de postulación de la fiscal Daniela Ugolini al Máximo Tribunal de Justicia que se debatía dentro del Parlamento capitalino a propósito de un proyecto enviado desde la sede de Gobierno.
Desde el PRO, el presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura, Gerardo Ingaramo, sostuvo que los jueces que llevaron adelante la denuncia de «intento de disciplinamiento” son los que «desvirtúan la realidad ante los medios y expresan confusamente las razones del conflicto”.
Fuente: TÉLAM