Se trata de Patricio Di Stéfano, quien fue procesado por haber firmado como funcionario porteño un dictamen para la licitación del servicio de mantenimiento del mobiliario urbano de la Ciudad, cuando ya había asumido su banca en la Legislatura.
El procesamiento salió el viernes pasado –aunque trascendió recién ayer- mediante un fallo del Juzgado de Primera Instancia de Raúl Cubas, quien determinó que el legislador incumplió en los deberes de funcionario público.
Es que Di Stéfano firmó un dictamen, a inicios de junio de 2008, como integrante de una Comisión Evaluadora del Ministerio de Ambiente y Espacio Público que debía calificar a las empresas que se presentaron a la licitación por el mobiliario urbano.
Este servicio abarca la colocación, mantenimiento y explotación comercial de los refugios de las paradas de colectivos, las pantallas verdes, los «chupetes» y los carteles transiluminados y constituye uno de los más importantes contratos del Gobierno de la Ciudad, junto al de recolección de residuos.
Según la denuncia judicial, el legislador macrista dio su aval como integrante de la Comisión al mismo tiempo que ya era integrante del bloque PRO de la Legislatura, por lo que incurrió en una irregularidad dentro del proceso de licitación.
Según el diario de sesiones parlamentarias, Di Stéfano juró como legislador el 27 de mayo de 2008 en reemplazo de la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal.
La superposición fue descubierta por el ex diputado Eduardo Valdés, quien se presentó ante la Comisión de Etica de la Legislatura para informar al plenario por entonces. Valdés confirmó el procesamiento del legislador y consideró que «Di Stéfano jamás podría haber firmado resolución alguna de calificación como miembro del Poder Ejecutivo estando ya dentro del Poder Legislativo”.
Según explicó, el informe de la Comisión adjudicó el primer lugar a la empresa Publicidad Sarmiento, que pertenece a los hermanos Terranova, y perjudicó a la firma Spinazzola, que estuvo al frente del servicio de mobiliario urbano en los últimos diez años.
Por ello, el abogado penalista Mariano Bergés, que representa a la empresa Spinazzola, presentó una denuncia ante el juez Cubas contra el entonces ministro Juan Pablo Piccardo, y los dos otros integrantes de la Comisión Tomás Palastanga y Horacio Tonelli, además de Di Stéfano, procesado el viernes pasado.
Por su parte, el legislador dijo que «se trata de una denuncia realizada por una empresa que tuvo el negocio del mobiliario urbano durante una década y que perdió la licitación».
«La Legislatura de la Ciudad ratificó tres veces, mediante resoluciones internas de la Junta de Etica en 2008, la inexistencia de incompatibilidad, por tratarse de un trabajo ad-honorem, no vinculante y concluido con anterioridad al cargo de legislador porteño», precisó.
En tanto, Augusto Ibero Spinazzola, dueño de la empresa, aseguró que el proceso de licitación contó con «muchas irregularidades” e incluyó en ellas al aval del legislador del PRO y consideró que esa firma «anuló el acto jurídico”.
«El Gobierno porteño debió haber interrumpido el proceso de adjudicación y empezar un nuevo pliego”, advirtió.
Fuente: TÉLAM