En el marco del juicio oral y público a los máximos responsables de Campo de Mayo, la Secretaría de Derechos Humanos, querellante en la causa, pidió al concluir con los alegatos 25 años de prisión para el último presidente de facto de la última dictadura militar, Reynaldo Bignone, por 25 casos de desapariciones forzadas, tormentos, allanamientos ilegales y robos cometidos en ese máximo campo de concentración.
Los abogados representantes de la SDH, Ciro Annichiarico y Mariana Maurer, pidieron la misma pena para quien fuera el comandante de Instituto Militares, Santiago Omar Riveros; el jefe de la Escuela de Infantería, Jorge García; el Jefe de Inteligencia, Fernando Verplaetsen; y el jefe del batallón 601 Carlos Alberto Tepedino. Al mismo tiempo, pidió 20 años para quien comandó la Escuela Logística, Eugenio Guañabens Perelló.
El martes, la Secretaría de Derechos Humanos estuvo toda la jornada describiendo los 25 casos que representa, entre ellos el de Carlos Scarpati, uno de los sobrevivientes que estuvo cinco meses en El Campito y que logró huir en una audáz fuga. “Fue un verdadero héroe que permitió destrabar la estructura negra de Campo de Mayo, el más grande de los centenares de centros clandestinos que funcionaron en el país durante el terrorismo de Estado y por el que pasaron más de cinco mil personas”, refirió Annichiarico.
“Este juicio permitió demostrar quien fue verdaderamente Bignone, al que muchos vieron como un militar bueno que permitió las elecciones. Este juicio permite conocer su verdadero rostro, el del personaje siniestro que actuó en plena dictadura en el Comando de Institutos Militares y que a varios familiares de víctimas les sugirió olvidarse de sus seres queridos porque, sostenía que nada se podía hacer” sintetizó.
La Secretaría de Derechos Humanos confía en que el Tribunal, en base a las pruebas aportadas, condene a los máximos responsables de ese campo clandestino de detención y exterminio, uno de los más grandes de la red ilegal de la maquinaria dictatorial.