El jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, vetó una serie de leyes aprobadas por la Legislatura en noviembre del 2009, entre las cuales se encuentran algunas que afectan sustancialmente los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Los vetos fueron publicados en el Boletín Oficial los días 12/01/10 y 13/01/10.
Así sucedió con el Decreto 15/10 que vetó la Ley 3298 que creaba el Comité para la Prevención de la Tortura en la Ciudad de Buenos Aires. El Comité estaba “destinado a prevenir torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en los lugares de detención e internación, públicos y privados, por medio de visitas periódicas».
Es necesario resaltar que dicho Comité fue creado en cumplimiento a lo dispuesto en tratados internacionales que nuestro país suscribió como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, el Protocolo Facultativo de la Convención Contra La Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.
Entre las principales tareas que la ley vetada le había asignado al Comité estaba la de realizar visitas periódicas, con o sin previo aviso, en días hábiles o inhábiles y en diversos horarios y con acceso irrestricto a cualquier lugar o sector de distintos organismos, como cárceles, institutos para niños, niñas y adultos mayores, comisarías y hospitales psiquiátricos.
Este tipo de mecanismo ya se ha puesto en marcha en otras provincias del país, mediante leyes provinciales o con programas de los gobiernos provinciales.
Desde el Observatorio de Derechos Humanos expresaron: «consideramos fundamental que en nuestra Ciudad funcione un organismo de dichas características, teniendo en cuenta, además, la creación de la Policía Metropolitana que empezará a actuar próximamente. Es imprescindible contar con un mecanismo que pueda monitorear su funcionamiento acorde a los Derechos y Garantías de nuestra Constitución de la Ciudad.
Desde el ODH también denunciamos que el Jefe de Gobierno vetó otra dos leyes vinculadas el movimiento de Derechos Humanos. Mauricio Macri vetó mediante el Decreto 16/10 la ley 3299 que le otorga un subsidio a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de 72 mil pesos para su funcionamiento. El principal fundamento del veto es que el control y rendición de dicho subsidio debe hacerlo la Auditoria y no la Legislatura, como dice la ley, lo que podría haberse traducido en tan solo un veto parcial de un articulo y no en toda la ley. Por otra parte, también se dispuso el veto de la ley 3268 que creaba el Registro de Ex Presos Políticos en el ámbito de la Subsecretaria de DDHH».