La oposición a la administración macrista presentó ayer un proyecto de ley para que el Gobierno explique el alcance de la iniciativa por la que se busca denunciar en forma anónima a trabajadores que supuestamente no cumplen con sus tareas.
La polémica surgió porque la subsecretaría de recursos humanos del Ejecutivo local difundió dos líneas telefónicas y un sitio web para informar de manera anónima «diferentes situaciones de irregularidad laboral», lo que fue duramente cuestionado.
«Entiendo que ante la ineficiencia de los funcionarios superiores que no pueden cumplir sus tareas y funciones disciplinarias, siendo el poder disciplinario de su ejercicio propio, se recurre al trabajador y se pretende que suplante en esa función que le es propia y atribuible al superior jerárquico», advirtió la diputada ibarrista Gabriela Alegre, autora del proyecto.
Entre otras cosas, la legisladora quiere que el Gobierno informe «por qué se propone que la denuncia sea en forma anónima» y cómo se comprueba que la denuncia fue hecha por un trabajador del Gobierno de la Ciudad.
Alegre también pide que se detalle cuál es el procedimiento previsto una vez que se obtiene la información anónima y cuál es la legitimidad que se otorga a quien realice una denuncia anónima, teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo solo puede instarse de oficio o a pedido de parte interesada.
Por fin, busca que se explique cuál es la fuente normativa, doctrinaria o jurisprudencial «y los fundamentos que han llevado a tomar esta decisión».
Oyarbide resolvió pedir el desafuero de los jueces misioneros, Horacio Gallardo y José Luis Rey, debido a que faltaron sin aviso a dos citaciones a declaración indagatoria en la causa que investiga las escuchas irregulares.
Ambos magistrados están imputados por «violación de la intimidad mediante intrusión telefónica agravada, abuso de autoridad, ocultación de documentos destinados a servir de prueba, prevaricato y falsedad de documento público».
Por otra parte, el juez federal Norberto Oyarbide reclamó ayer el juicio político para dos jueces de Misiones que autorizaron escuchas telefónicas ilegales al cuñado de Mauricio Macri y al familiar de víctimas de AMIA Sergio Burstein, entre otros damnificados.
Además, el juez recibió ayer una pericia que da cuenta del hallazgo en una computadora del jefe de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, de pedidos de informes sobre el patrimonio del jefe de Gabinete macrista, Horacio Rodríguez Larreta y de diputados y opositores a la gestión de Mauricio Macri, según informaron fuentes judiciales.
Más allá de las escuchas telefónicas, el juez analiza ampliar el objeto de la investigación por el espionaje luego del hallazgo en una computadora del jefe de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, de pedidos de informes sobre situaciones patrimoniales y financieras de distintos políticos y funcionarios.
En el listado, según las fuentes, están el propio jefe de Gabinete de Macri, Horacio Rodríguez Larreta y los legisladores porteños Diana Maffía, Silvia La Ruffa, Gonzalo Ruanova y Patricio Datarmini.
Los pedidos de informes fueron cursados a la empresa «Nosis» y estaban almacenados en una carpeta de Word llamada «Osvaldo» en una Pc que el jefe de la Metropolitana tenía en su estudio de abogacía, en Maipú al 200 de Capital Federal.
La máquina fue secuestrada en un allanamiento ordenado por Oyarbide al estudio y a la empresa de seguridad del ex comisario de la Federal Jorge Palacios, que funciona en la oficina lindera al estudio de Chamorro.
Según fuentes judiciales, Palacios presentó ante Oyarbide un pedido de exención de prisión que deberá ser resuelto en los próximos días.
En la causa está detenido con prisión preventiva el ex contratado del Ministerio de Educación de la Ciudad, ex policía federal y ex aspirante a ingresar a la fuerza Metropolitana Ciro James.
Tanto él como tres policías de Misiones están acusados de haber maniobrado para lograr las escuchas telefónicas a Burstein, al cuñado de Macri y al empresario Carlos Ávila, entre otros.
«Ya no quedan dudas de que para el Gobierno de Macri, el espionaje es parte de su forma de gobernar”, declaró el legislador porteño Aníbal Ibarra, y agregó que «no hay más espacio para que el jefe de Gobierno siga haciendo silencio. Macri tiene la obligación de explicar por qué la Policía Metropolitana se dedica a espiar a diputados opositores y hasta funcionarios del propio Gobierno”.
Diana Maffía, una de las víctimas de las escuchas ilegales, manifestó ayer en un comunicado:
«En el día de la fecha me he enterado por la prensa que estoy entre las víctimas del espionaje que ya es marca registrada de la nueva policía porteña. Las escuchas ilegales y la intromisión en las vidas privadas no sólo son una violación básica a los derechos de cualquier ciudadano o ciudadana, sino que aplicadas a legisladores/as de la oposición constituyen un enorme escándalo político.
El Ministro de Seguridad, quien también se enteró por la prensa, me llamó personalmente para pedirme disculpas. Como le dije a él, no es una cuestión de disculpas sino de repensar la decisión en la que él y el Jefe de Gobierno Mauricio Macri se han empeñado a pesar de las advertencias de toda la oposición. No puede haber una “nueva policía porteña” montada sobre las redes de la Policía Federal y sus disputas con la Side. Macri está haciendo lo que dijo que no haría: transpasar la Federal con recursos propios de la Ciudad, recursos que además les dan privilegios a los policías por encima de otros trabajadores como médicos o maestros.
La investigación que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide nos depara seguramente muchas sorpresas todavía. Pero podemos decir que este no es modo de hacer política ni de controlar a la oposición, invadiendo la intimidad y amenazando indirectamente a toda la ciudadanía, ya que cualquiera podría ser víctima si así se decidiera.
Corresponde establecer quién o quiénes son los responsables penales en esta situación, para lo que concurriremos al Juzgado Federal. Pero el responsable político es Mauricio Macri, y debe concurrir a la Legislatura de la Ciudad a explicarnos varias cosas».
Fuente: TÉLAM