La Presidenta firmó hoy el Decreto 1.602, que otorga la asignación universal para protección social por hijo menor a 18 años a todas aquellas familias que estén desocupadas o se desempeñen en el sector informal. Así se anunció hoy en Casa de Gobierno, durante un acto en el que estuvieron presentes gobernadores y gran parte del gabinete nacional.
«Si digo que con esto termina la pobreza sería hipocresía y cinismo. No va a ser el fin de la pobreza pero confiamos que puede constituir un paliativo para los sectores que todavía no tienen la posibilidad de un trabajo decente», sostuvo la mandataria tras el anuncio.
En un acto en el Salón de las Mujeres de Casa de Gobierno, al que asistieron gobernadores, legisladores, dirigentes sociales y representantes de la Iglesia, la jefa de Estado señaló que el trabajo decente «es el único instrumento para combatir y erradicar pobreza» y defendió la política de empleo y previsión social implementada desde 2003.
Pidió además a los argentinos que entiendan que «nadie nunca podrá dejar de ser pobre si no se tiene educación y salud y por eso estas dos cuestiones están directamente vinculadas» con la asignación anunciada hoy.
Se refirió así a la decisión de que los beneficiarios de esta asignación deben acreditar la concurrencia de sus hijos a la escuela así como el cumplimiento del plan de vacunación oficial.
La nota saliente del acto fue la presencia de la titular de la Organización Barrial jujeña “Tupac Amarú”, Milagro Sala, quien terminó siendo la persona más requerida por el periodismo a causa de los cruces verbales que mantuvo con el senador Gerardo Morales tras la agresión que sufrió el legislador radical de parte de manifestantes de movimientos sociales 15 días atrás en un acto en Jujuy.
Las diputadas nacionales del Movimiento Libres del Sur, Cecilia Merchán y Victoria Donda, expresaron su satisfacción ante la decisión del Gobierno nacional de implementar la asignación universal para hijas e hijos de familias sin empleo o con trabajos no registrados: “La asignación universal por hija/hijo es un histórico reclamo de las organizaciones sociales, de la CTA, y de múltiples sectores políticos que desde hace muchos años veníamos insistiendo por su implementación. Con este anuncio se da respuesta a quienes entendemos que la pobreza es una prioridad urgente que debemos enfrentar”, sostuvieron las legisladoras.
Sin embargo, las diputadas aclararon que hubieran preferido –tal como lo expresa el proyecto de su autoría– “que los fondos para solventar el sistema provinieran de los sectores sociales con mayores ingresos que no tributan impuesto a las ganancias, como es el caso de la renta financiera por operaciones en bolsa o grandes plazos fijos”.
No obstante, sostuvieron: “continuaremos en la lucha por transformar un sistema tributario regresivo para avanzar en una justa redistribución de la riqueza. Es un paso importante en esa dirección”.
En contraposición, desde la Coalición Cívica, cuya referente es Elisa Carrió y quien propuso años atrás una norma en similar sentido de la anunciada por el Gobierno, criticaron la iniciativa: «El decreto del Ejecutivo no establece un programa social universal e insiste con los planes focalizados que fomentan el clientelismo»
El jefe del bloque de diputados nacionales de la CC, Adrián Pérez, cuestionó que el Gobierno nacional haya decidido extender las asignaciones familiares a los trabajadores informales y desocupados «por decreto» e insistió en que «el Congreso debe sancionar el ingreso ciudadano a la niñez que llegue a todos los menores de 18 años de la Argentina, porque el programa del Ejecutivo no es universal y mantiene los planes focalizados, para que sea el Estado el que determine quién puede y quién no puede recibir el beneficio».
En tal sentido, los diputados de la CC señalaron: «La decisión de la Presidenta llega luego de que desde nuestra fuerza política insistiéramos durante mucho tiempo en que de una vez por todas se buscaran mecanismo para enfrentar el problema de la pobreza, la indigencia y la inequidad», pero advirtieron: «Llama la atención la resistencia del Ejecutivo a promover una reforma impositiva progresiva que permita una distribución del ingreso más justa. Por el contrario, insiste en garantizar que la renta financiera siga sin gravarse, promoviendo un esquema de financiamiento que hace recaer el costo del programa en los trabajadores y no en los que más tienen».
«Insistiremos con el tratamiento en las comisiones del Ingreso Ciudadano a la Niñez, que hace recaer el costo del programa sobre los sectores más altos de la escala social y no sobre los asalariados y los jubilados, como propone el decreto del Ejecutivo», concluyeron.
El diputado nacional Roy Cortina, presidente del Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires, criticó duramente el anuncio de la Presidenta y subrayó que “el plan replica una lógica focalizada y clientelar”.
Agregó que “se establecen mecanismos poco claros para la percepción del beneficio y siguen estigmatizando a los hijos de los trabajadores desocupados e informales”.
En este sentido, Cortina señaló que “no se explica cómo van a llegar a las niñas y niños más pobres de nuestro país, cuando por ejemplo en Formosa y Chaco – dos de las Provincias más carenciadas – sólo funcionan tres y cuatro oficinas del ANSES respectivamente”.
“Que los recursos salgan del ANSES, que lo financien los trabajadores formales con su aporte a la seguridad social, es una muestra clara de que el Gobierno sólo cree en la distribución del ingreso entre pobres y le sigue escapando a la transferencia de recursos desde los sectores que más tienen hacia los más desfavorecidos”.
Por último subrayó que “como agravante, en vez de desarticular la estructura clientelar del Ministerio de Desarrollo Social, mantienen intactos los múltiples programas focalizados y superpuestos con los que los Kirchner mantienen de rehenes a los grupos más vulnerables”.