Más de 30 legisladores y referentes del oficialismo y la oposición, participaron el viernes del lanzamiento de la campaña “Un Defensor del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo”, convocada por organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentran el Centro de Estudios legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Unión de Usuarios y Consumidores. La campaña apunta a lograr que el nuevo Defensor o Defensora del Pueblo de la Nación sea una persona de reconocida trayectoria y compromiso en la defensa de derechos. Para eso, promueve un proceso de selección basado en un procedimiento abierto, transparente y participativo.
En la presentación, realizada durante la mañana del viernes en el Salón Dorado del Hotel Castelar, estuvieron presentes los diputados y senadores electos y en ejercicio: Diana Conti (FPV), María Eugenia Estensoro (CC), Laura Alonso (PRO), Cecilia Merchan (Encuentro Popular y Social), Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro), Claudio Lozano (Proyecto Sur), Claudio Morgado (Encuentro Popular y Social), Eduardo Macaluse (SI), Emilio García Méndez (SI), Vilma Ibarra (Encuentro Popular y Social), Patricia Vaca Narvaja (FPV), Samuel Cabanchik (Proyecto Buenos Aires Federal), Victoria Donda (Libres del Sur), Ariel Basteiro (Partido Socialista), Julio Raffo (Proyecto Sur), Jorge Cardelli (Proyecto Sur), Liliana Parada (Proyecto Sur). A ellos se sumaron Hugo Yasky (secretario general de la CTA), María José Lubertino (titular del INADI y legisladora porteña electa), Laura Berardo (legisladora de la provincia de Buenos Aires), Humberto Tumini (Libres del Sur), Hugo Cañón (Ex Fiscal General de Bahia Blanca), Héctor Polino (Partido Socialista), Fabio Basteiro (legislador porteño electo por Proyecto Sur).
El acto estuvo encabezado por los representantes de las organizaciones convocantes, entre los que se encontraban el presidente del CELS, Horacio Verbitsky; el titular de ADC, Álvaro Herrero; Rafael Gentili, de ATE; Alberto Muñoz, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores; y Natalia Gherardi, titular de ELA.
Para Horacio Verbitsky, presidente del CELS, “es central dar el debate para garantizar una capacidad de respuesta efectiva de este organismo en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos y, en particular, de los grupos más vulnerables de la sociedad”
La campaña propone que el consenso político -partidario necesario para la designación de los titulares de organismos de defensa de derechos no puede ignorar el importante rol institucional de los mismos y la necesidad de garantizar la idoneidad y capacidad de sus titulares. Por lo tanto, debe romperse la lógica de negociación política como criterio exclusivo de selección de candidatos. Esto implica ampliar la discusión sobre el rol de la Defensoría, su institucionalidad, sus reglas -que incluyen los procesos de propuestas y designación- y los procesos, sistemas, mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de su actividad.
Los principales objetivos de esta iniciativa son:
-Lograr que los postulantes reúnan determinados requisitos (trayectoria, compromiso con la defensa de los derechos humanos, etcétera)
-Realizar un procedimiento transparente que garantice la postulación abierta de candidatos, un mecanismo para presentar observaciones e impugnaciones en una audiencia pública y la selección de los candidatos a través de un proceso público con pleno conocimiento y acceso efectivo a la trayectoria de los postulantes.
-Lograr que los candidatos presenten un plan de trabajo con líneas claras y consensuadas con los afectados y principales usuarios.
-Generar un mecanismo de rendición de cuentas periódicas y efectivas sobre la gestión que se sume a los mecanismos formales.
La Defensoría del Pueblo de la Nación, consolidada a partir de la reforma constitucional de 1994, es uno de los principales organismos de defensa y protección de derechos que existen en Argentina y maneja un presupuesto anual de alrededor de 40 millones de pesos. Su último titular, Eduardo Mondino, dejó el cargo en abril pasado, luego de 10 años de mandato. Desde entonces, la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo de la Nación tiene pendiente la designación de su reemplazante.
