Finalmente se ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no construir el muro que hubiera dividido “Puerto Pibes” y la prohibición de efectivos policiales en el lugar.
Recordemos que la jueza Andrea Danas citó a Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri, a prestar declaración el pasado 18 de mayo por la ocupación policial de Puerto Pibes, en el marco de la causa iniciada a raíz del amparo presentado por la legisladora porteña, Liliana Parada (Igualdad Social).
Ante esta grave situación y la ausencia de una respuesta oficial, Liliana Parada, candidata a diputada nacional por el frente que encabeza Fernando “Pino” Solanas, interpuso una medida cautelar para prohibirle al Gobierno porteño la construcción de un muro divisorio que atravesaría el predio en el que confluyen la escuela Indhira Gandhi y Puerto Pibes. Dado que en la audiencia previa a la que concurrió el ministro Montenegro, éste aseveró que «esas personas estarán en el lugar hasta que consiga un sitio donde ubicar a la Policía Metropolitana en forma definitiva, siempre habrá entre 20 y 25 personas trabajando en la planificación de la futura Policía Metropolitana, esas personas sólo harán tareas administrativas pues no son policías de la Ciudad de Buenos Aires».
La jueza entendió que ese número de gente solo realizará tareas administrativas y que no generará «riesgo en la seguridad de los niños y niñas que concurren a la escuela primaria y al jardín de infantes aledaño, como tampoco peligrarán las tareas de turismo y recreación en Puerto Pibes».
En el mismo sentido, y en atención a lo que el ministro expresara que «las 20 o 25 personas que actualmente trabajan allí estarán presentes hasta que se consiga ubicar a la Policía Metropolitana», no se advierten razones para la construcción del mentado muro.
La diputada porteña Liliana Parada se mostró cauta respecto del fallo ya que advirtió que, si bien por el momento se impidió que la policía se instale en el lugar como pretendía el Gobierno de la Ciudad y que se contruya la pared divisoria de 3 metros, vé que se basó en una chicana del ministro Montenegro al negar que estas personas son policías retirados de la Federal y que en algunos casos utilizan las armas reglamentarias.
«No obstante, tantas veces repitió el titular de la cartera porteña de Justicia y Seguridad frente a la jueza Danas que solo 20 o 25 personas van a realizar tareas administrativas en tanto se encuentre el lugar para instalar a la policía, que queda garantizado por ahora que en Puerto Pibes no habrá gente con estado policial. Sin una ley que modifique la situación del predio, todos estuvimos constestes en que ahí es imposible que funcione un comando policial», concluyó la legisladora Liliana Parada.
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