La Justicia Suspendió la Disposición que No Renueva los Contratos de Empleados de más de 60 Años

El día de ayer, el Juez Roberto Gallardo, a cargo del juzgado Nº 2 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, resolvió a favor del amparo presentado por la diputada Liliana Parada, del Bloque Igualdad Social, con el fin deproteger la fuente laboral de quienes estan por cumplir la edad de jubilación y se encuentran contratados por el Gobierno de la Ciudad. De esta manera, se suspende la aplicación del Decreto 1390/2008, que dejaba cesante a los empleados públicos de la administración macrista mayores de 60 años, en el caso de las mujeres, y de 65 en el caso de los hombres.
«Entiendo que dicha situación, además de privarlos de su fuentes de trabajo, amenaza su derecho a la igualdad de trato y de oportunidades», expresó al respecto Parada.
Macri, en octubre pasado, había ordenado la medida de rescindir los contratos, que por la polémica desatada derivó en una marcha atrás. Aún así, los primeros días de diciembre, fue publicada en el Boletin Oficial de la Ciudad el Decreto con la notificación que dejaba afuera del gobierno a alrededor de 1.000 empleados desde el 1ro de Enero del 2009. Tambíen se establecía un subsidio de 300 pesos para que los despedidos pudieran ajustarse a una moratoria para regularizar los años de aportes necesarios para jubilarse.
La medida originó una presentación de amparo por parte de empleados, y de la diputada Parada, que recayó ante el juzgado del juez Gallardo, para solicitar que se de lugar a la suspensión de la aplicación de la medida, que, cabe además aclarar, tocaba a aquellos empleados que se encuentran bajo los regímenes 948/2005 y 959/2007, dando por tierra con los pocos avances obtenidos para obtener su pase a planta permanente.
La resolución se da a conocer, cuando hace apenas días, la oposición presentó un proyecto de Ley, elaborado por el legislador de la Coalición Cívica Facundo Di Filippo, que declara la emergencia ocupacional por seis meses en la administración pública del Gobierno de la Ciudad, evitando de esta manera los despidos y cesantías anticipadas de contratados por el lapso mínimo de seis meses.