La Senadora Nacional Blanca Osuna repudió hoy la decisión de la Cámara de Casación que ordenó la liberación de los ex capitanes de navío Alfredo Astiz y Jorge «El tigre» Acosta y otra decena de marinos procesados en la causa por violaciones a los derechos humanos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.
La legisladora entrerriana acompañó la aprobación en la sesión de la Cámara Alta realizada hoy del proyecto de resolución en la que el Senado en su conjunto expresó su más enérgico repudio a la liberación de los represores solicitando al Ministerio Público Fiscal que apele la decisión de la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal que decidió la liberación de los ex represores por haber pasado más de dos años bajo arresto sin condena fija.
El proyecto insta «a la Procuración General de la Nación a que interponga los recursos necesarios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la sentencia que otorga la libertad a represores acusados en causas de delitos de lesa humanidad».
En este sentido, Osuna consideró que la lentitud con que se llevan adelante los procesos judiciales referidos a los delitos de lesa humanidad, tal como la denominada “Causa Area Paraná” “daña y expone a las victimas a situaciones de extrema tensión y angustia y trae consecuencias como las que hoy han permitido la liberación de estos represores”.
Por su parte, la Diputada Nacional Victoria Donda se expresó sobre el tema, «Esto que pasó no me sorprende, porque es precisamente esta Cámara de Casación Penal la que tiene una estrategia de beneficiar a los genocidas, dado que estuvo tres años sin resolver una apelación en la que nunca debería haber intervenido porque no era una resolución judicial. Esa es la razón por la que no pudo avanzar el juicio y se llegó a esta increíble y lamentable demora de más de tres años sin sentencia. Habría que estudiar y analizar que posición adopta esta misma cámara en materia de prisión preventiva cuando los imputados no son genocidas sino presos sociales».
Por otro parte la legisladora manifestó «que hace más de un año existe una denuncia presentada por los sobrevivientes de la ESMA ante el Consejo de la Magistratura en donde advertían que esto podía ocurrir y hasta ahora el consejo no ha tomado ninguna medida».