Luego que la Policía Federal realizara de manera violenta e ilegal un allanamiento a la sede Campus General Roca de la Universidad Nacional de Comahue, se alzaron distintas voces del mundo universitario y de la política en general en rechazo de dicha acción. Denuncian vejaciones a los derechos y garantías constitucionales de los estudiantes.
Desde la UNComa expresaron que «la orden de allanamiento exhibida por la Policía Federal no llevaba firma de juez federal alguno, lo que coloca al ingreso de la fuerza policial en una palmaría ilegalidad, puesto que viola el artículo 31 de la Ley de Educación Superior, el cual expresa: “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”. Asimismo, de manera contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben regir todo acto estatal, el allanamiento se desarrolló con una violencia y despliegue policial inusitado, que trajo como consecuencia innecesarios daños al patrimonio de la FADECS, y lo que es mucho más grave, la comisión de diversas vejaciones a los derechos y garantías constitucionales de los estudiantes de las Residencias, lo que se agravó por la insólita negativa de los funcionarios policiales de permitir el ingreso de abogados, que además resultan ser docentes de nuestra casa de estudios».
En la misma línea se pronunció el Consejo Interuniversitario Nacional, cuyos rectores miembros exigieron «el inmediato cese de todo accionar irregular por parte de la Policía Federal Argentina y del Juzgado Federal de General Roca, y solicitamos que los responsables del caso den las explicaciones pertinentes ante la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto».
Por su parte, la Diputada Nacional Victoria Donda explicó que «es inadmisble y merece nuestro más enorme repudio este procedimiento ilegal y anticonstitucional de las fuerzas federales ingresando a dicha Universidad, no sólo violando flagrantemente el artículo 31 de la Ley de Educación Superior, sino violando también el procedimiento básico y tradicional que el código procesal manda para cualquier tipo de allanamiento, ya que la orden de allanamiento que presentaron era inválida por carecer de la firma de juez competente, haciendo nulo todo el procedimiento llevado a cabo”.