En el día de ayer, el Consejo Interuniversitario Nacional -organismo que agrupa a los rectores de las universidades- se despachó con dos comunicados en los que apunta contra dos de los tres poderes del Estado, por los principales temas que preocupan hoy a los dirigentes universitarios: la denuncia del fiscal Marijuán y el Presupuesto 2017.
A continuación, se reproducen ambos en su totalidad:
Sobre la denuncia:
Ante las denuncias presentadas por el fiscal federal Guillermo Marijuán a las 52 universidades nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) declara:
1. El CIN sostiene y defiende en forma enfática la independencia del Poder Judicial de la Nación, así como la libre y más amplia actuación del fiscal.
2. Las universidades nacionales gozan de un generalizado prestigio entre nuestros conciudadanos, posición que se ha ganado a lo largo de la historia por resultar una efectiva herramienta de mejoramiento social, y las únicas instituciones públicas cogobernadas en las que el conjunto de sus integrantes deciden no solo el rumbo institucional sino, además, la gestión administrativa.
3. Las denuncias mencionadas, sustentadas en notas periodísticas y sin una sola relación de hechos concretos acaecidos en cada institución, lejos de aclarar y puntualizar procederes que podrían ser materia de investigación, resultan un ataque generalizado al sistema de educación superior pública de nuestro país.
4. Respecto al contenido del planteo del fiscal, nos permitimos recordar que los presupuestos universitarios se conforman por ley del Congreso Nacional, más las partidas que se asignan a cada institución por programas específicos. En todos los casos, resultan ejecutados bajo normativas claras, estrictas y con procesos de absoluta transparencia, sometidos a procesos de auditoría, tanto interna como externa, como señala la ley.
5. Esta actividad jurisdiccional ha producido, como consecuencia inmediata, una agresión a la identidad misma de la universidad pública, construida a lo largo de su historia de más de 400 años para ser una institución de gran valoración social hoy. Sin duda, el daño moral es no solo a la institución sino, también, a todos los que realizamos tareas de docencia, investigación, extensión y gestión en contextos sociales complejos y con presupuestos de austeridad, y que involucra a los estamentos docentes, estudiantiles, no docentes y egresados.
6. Esperamos que, en momentos en que se encuentra abierta la discusión presupuestaria en el Congreso Nacional, esta denuncia indiscriminada y con argumentaciones generales no afecte el necesario marco de equilibrio en la distribución de los recursos.
7. Nos ponemos a disposición del Poder Judicial, cuya independencia sostenemos para colaborar en la forma más amplia posible, para que, con celeridad, se pueda avanzar en la elucidación de estas denuncias genéricas y, de esta manera, despejar la sospecha que se ha planteado sobre el conjunto de las instituciones.
8. En el convencimiento de la probidad de nuestros procederes, continuaremos desde un ejercicio responsable de nuestra autonomía, en el marco de libertad y diversidad que caracteriza a la universidad argentina, con la formación de recursos humanos, la producción de conocimiento y el permanente diálogo y encuentro de saberes con la sociedad en pos de aportar a los procesos de desarrollo de nuestro país.
Sobre el Presupuesto:
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) declara:
De acuerdo al trabajo realizado por la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que dio origen al Ac. Pl. N° 988/16 de San Miguel de Tucumán, se elaboró un pedido de presupuesto global consensuado para el sistema universitario para el 2017.
Durante más de veinte años, el CIN se ocupó de buscar consensos que permitieran, con la aplicación de criterios comunes, asignar equitativamente los fondos incrementales de los presupuestos. Así, desde 2003, se elaboró el Ac. Pl. Nº 465/03 por el que se crearon pautas que permitieran la distribución por esta metodología.
El propio Congreso de la Nación ha alentado este proceder al incluir esa exigencia en las posteriores leyes de presupuesto. También, ha sido la actitud de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) frente a la responsabilidad de distribuir aumentos presupuestarios.
Por otra parte, históricamente, este Consejo ha sostenido el rechazo a la disminución del presupuesto que tiene asignado cada institución universitaria.
Por lo expresado, el CIN manifiesta la total desaprobación del procedimiento seguido por la Cámara de Diputados de la Nación en la asignación de fondos de la planilla anexa B al Art. 12° del proyecto de Ley de Presupuesto 2017 para las instituciones universitarias nacionales.
Asimismo, solicita que el monto de refuerzo presupuestario expresado en la planilla antes mencionada sea distribuido con la aplicación del modelo de pautas objetivas aprobado por el CIN, tal lo indicado en los Ac. Pl. N° 988/16 y N° 998/16.
