La organización 100% Diversidad y Derechos, junto a distintos senadores y diputados, presentará en el día de hoy un proyecto de ley para adecuar la normativa de los registros civiles al nuevo Código Civil a fin de garantizar el acceso a los derechos de todas las diversidades familiares.
El proyecto que impulsa una reforma de la Ley Nº 26.413 fue elaborado por 100% Diversidad y Derechos, en conjunto con un equipo de Investigación de la Universidad de Buenos Aires encabezado por Nelly Minyersky, y tomará estado parlamentario con la firma de los senadores Sigrid Kunath, Juan Manuel Abal Medina, Jaime Linares, y los diputados Diana Conti, Margarita Stolbizer y Analia Rach Quiroga, entre otros de diferentes bloques políticos.
El nuevo Código Civil reconoce diversidades familiares y de identidades de género, receptando la ley de matrimonio igualitario (26.618) y de cambio de nombre para personas trans (26.743), así como otras formas de familias que se encontraban desamparadas en el viejo Código, como las uniones convivenciales, los progenitores e hijos afines (familias ensambladas), las familias con hijos por técnicas de reproducción humana asistida, las adopciones de convivientes no casados, entre otras, que hacen necesario actualizar el marco normativo de los Registros Civiles para garantizar el ejercicio de todos los derechos incorporados en el nuevo Código.
“Los avances en derechos incorporados al nuevo Código requieren urgentemente que se actualicen las normas, procedimientos y en particular los usos y costumbres de los Registros Civiles para que las instituciones competentes estén en condiciones de garantizar y acompañar estas importantes transformaciones sociales y jurídicas” explicó Martín Canevaro, secretario de 100% Diversidad y Derechos.
En el proyecto se garantiza el acceso a los derechos de familia y de identidades establecidos en el Código, por ejemplo, respecto de actas de matrimonio y de nacimiento de hijos e hijas cuando los cónyuges o progenitores cambiaron su nombre y sexo registral. Específicamente, los registros civiles no han visto adecuada la ley 26.413 en relación con los cambios registrales que, sin intervención judicial, pueden solicitar las personas por su identidad de género (prenombre y sexo), o cuando han sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad (prenombre y apellido). Este aspecto también es contemplado en el proyecto, a través de un aporte que hiciera el equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, a fin de garantizar el acceso, ante los Registros Civiles, al prenombre y apellido de los nietos recuperados por esa institución.
En la actualidad, por decisión del Consejo Federal de Registros Civiles, aún con la ley de Identidad de Género sancionada y reglamentada, han puesto como pretexto discriminatorio a la ley 26.413 (art. 84) para no adecuar las partidas de nacimiento de los/as hijos/as de personas trans a la identidad de sus padres/madres. Así han roto la armonía entre el sistema de registración y el de identificación, dejando a niños y niñas con partidas de nacimiento donde figura como padre o madre una persona que social y jurídicamente no se reconoce como tal. Lo que genera graves problemas para inscribir a los hijos en las obras sociales, jardines de infantes, etc. También se niegan a cambiar las actas de matrimonio si alguno de los cónyuges cambia de nombre y sexo.
Finalmente, la actualización de la norma prevé la inscripción de uniones convivenciales – que requieran ser registradas por sus titulares -, y llegado el caso la inscripción de su disolución. El proyecto tiene en cuenta que la solicitud para inscribir un nacimiento puede presentarla una madre y/o un padre, o dos madres o dos padres o alguno de ellos o ellas. Incorpora la diversidad de conformaciones familiares a la información que debe completarse en el certificado médico de nacimiento y para su inscripción ante el registro civil. Teniendo en cuenta que, si bien para el nuevo código “madre” es quien da a luz, también reconoce que un varón trans puede dar a luz.“Actualizar la ley permitirá que las prácticas institucionales y las burocracias se transformen, se adapten al nuevo marco normativo y las familias y personas puedan ejercer sus derechos sin ningún tipo de discriminación a través de trámites sencillos, ágiles y eficaces”, finalizó Canevaro.