El 19 de abril la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán condenó a “Belén” (se usa ese nombre para resguardarla) a 8 años de prisión por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”. El 21 de marzo del 2014 Belén ingresó al Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán con un aborto espontáneo en curso, sufriendo de dolores abdominales profundos. Con ese cuadro, la joven fue interrogada por el personal del hospital y acusada por el personal del centro de salud y policial del Hospital de haber expulsado en el baño un feto.
Al respecto la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, sostuvo: “Conforme lo dijo la ONU, el aborto es un derecho humano y toda mujer tiene derecho a la confidencialidad de la relación profesional de la salud-paciente y a un trato digno. El tratamiento al que fue sometido Belén fue degradante”.
Finalmente la Diputada Victoria Donda dijo “este año a través de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito se presentará por sexta vez el proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo, el cual firmaremos y promoveremos para que el Congreso lo debata. El aborto clandestino es la principal causa de muerte materna en Argentina, es una práctica que se realiza en todos los estratos de la sociedad, pero que son las mujeres pobres las que pagan con su vida la prohibición de lo que la ONU considera un derecho humano”.
Por su parte, Soledad Sosa (PO en el Frente de Izquierda) presentó un proyecto de resolución para repudiar la condena. El proyecto exige, además, “su inmediata libertad y la nulidad de la sentencia” por las serias irregularidades del juicio que denuncia su abogada Soledad Deza, abogada e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal.
Sosa adelantó que acompañará el proyecto que presentará por sexta vez la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, impulsando el debate y la lucha por su aprobación en las comisiones de salud y de la mujer del Congreso las cuales integra y en ésta última donde está exigiendo que se remueva al presidente de la misma: Julián Dindart (UCR) acusado por decenas de organizaciones y personalidades por sus declaraciones contra los derechos de las mujeres.
Consultada por los medios, Sosa señaló: “esta condena se inscribe en una política de criminalización y persecución a las mujeres pobres que, al concurrir a hospitales públicos con un aborto en curso, sufren maltratos, como en el caso de Belén que sufrió un interrogatorio orientado a lograr la confesión del delito”.
Y agregó: “El gobierno, tanto el kirchnerista como el de Cambiemos, continúan alineados con la Iglesia Católica manteniendo el aborto en la ilegalidad, el cual provoca miles de muertes de mujeres por año, además de no garantizar la educación sexual laica y el acceso gratuito a los anticonceptivos”. Y agregó: “Lo que sí garantizan son los fabulosos negocios de los abortos clandestinos en las clínicas privadas, que permiten amasar fortunas a empresarios inescrupulosos”.