Tras la trágica fiesta electrónica en la costanera porteña, La Mella (Presidencia de la FUBA) emitió un escrito con el objeto de dar puntapié inicial a necesario debate sobre el consumo.
A continuación, el texto completo:
A raíz de la muerte de 5 jóvenes el último viernes en la fiesta de música electrónica “TimeWarp”, queremos aportar algunas reflexiones para abordar de manera seria las responsabilidades del caso, el debate del consumo y abuso de drogas y la estigmatización de la juventud respecto a estos temas:
1. La escena de la música electrónica es relativamente nueva en nuestro país, pero en los últimos años se ha masificado a gran escala. Hoy son miles los pibes y pibas que elegimos para nuestras salidas fiestas de música electrónica, generando una demanda que distintos “empresarios de la noche” supieron aprovechar para hacer grandes negocios. Y como todo negocio, la mirada está puesta en su rentabilidad, dejando en segundo plano la seguridad de los asistentes. Sabiendo que en el ambiente está instalado el consumo de distintas drogas recreativas (alcohol o MDMA, por ejemplo), las productoras de este tipo de eventos lejos de generar condiciones mínimas de seguridad se aprovechan de esa situación para aumentar sus ganancias. Llegan incluso a ser los mismos que proveen las sustancias adulteradas dentro de los boliches y cortan el suministro de agua en todas las instalaciones. Es así como en las grandes fiestas no son extraños los casos de gente hospitalizada o incluso muertas. Tomar este caso como algo excepcional significa ocultar que existe un problema instalado.
2. Todos los testimonios sobre lo que pasó el viernes en Costa Salguero coinciden en que las condiciones no estaban dadas para un evento de esas características. Se habla de unas 20 mil personas en un lugar habilitado para 12 mil; no había ningún tipo de ventilación; se contaban con tan sólo 2 ambulancias y escasísimas postas sanitarias. A todo esto se suma que al mismo tiempo que se cortaba el agua en los baños, los pocos punto de venta de agua (a precio abusivo) se vieron desbordados por la demanda, quedándose todos los asistentes sin posibilidad de hidratarse a la mitad de la fiesta. ¿Cómo es posible que esté desarrollándose un evento en un lugar con casi el doble de su capacidad, sin medidas de prevención sanitarias capaces de contener esa cantidad de gente? Así como Cromañon, este caso no se puede explicar sin tener en cuenta las complicidades entre los organizadores y los funcionarios públicos. En este caso, la empresa organizadora es 2NET, productora dirigida por Martín Gotand, vinculado con distintos funcionarios del PRO. Es por eso que creemos necesario investigar las responsabilidades tanto de los organizadores de la fiesta como de los funcionarios a cargo de otorgar los permisos pertinentes.
3. Se han escuchado varias voces que han elegido hacer eje sobre la supuesta responsabilidad de los pibes y pibas afectados. Frases como “Las fiestas electrónicas son un aguantadero de drogadictos que no tienen otro destino que el que les tocó» se escuchan por doquier. No creemos que el camino para plantear el debate sea estigmatizar a los y las jóvenes. Endilgarle la responsabilidad “porque se drogaron”, en un contexto en el que el Estado está ausente a la hora de garantizar su seguridad y proveer los dispositivos necesarios para el abordaje y la concientización sobre el uso y abuso de sustancias, es querer tapar el sol con la mano. No es casualidad que Clarín sea patrocinador de la Creamfilds (organizado también por 2NET) y al mismo tiempo sea uno de los principales medios que ocultan las verdaderas responsabilidades detrás de ese discurso.
4. A raíz de este lamentable hecho, se vuelve a poner en agenda la discusión sobre las políticas públicas sobre drogas. En primer lugar, hay que destacar que el consumo y abuso de drogas ha crecido en los últimos años y que, al mismo tiempo, no ha habido ningún avance concreto en “la lucha contra el narcotráfico”. Creemos que estas dos cuestiones están relacionadas y tienen que ver con el fracaso del modelo prohibicionista impulsado por Estados Unidos en todo el mundo, y en América Latina en particular. Este modelo, que hace eje en la persecución a los consumidores y la militarización de los territorios, ha mostrado ser más una excusa injerensista que una política efectiva para reducir la influencia del narcotráfico. Los países que más obedientemente han adoptado esta doctrina, como México y Colombia, hoy están atravesados por graves conflictos que involucran grupos paramilitares y miles de inocentes afectados. En nuestro país, el prohibicionismo redunda en un Estado que destina fondos a perseguir “perejiles” y no en la generación de dispositivos educativos, de prevención y tratamiento sobre uso y abuso de drogas. Así es como las cárceles están abarrotadas de “perejiles” y los verdaderos narcos están libres en sus casas de lujo. Mientras tanto, los pibes se mueren en las fiestas electrónicas, pero también en las villas o en recitales de rock o en bailantas de cumbia.
Creemos que para poder evitar este tipo de situaciones, es necesario pensar políticas públicas que puedan abordar la problemática entendiéndola como un problema de salud pública, brindando información certera sobre las implicancias de cada sustancia, generando herramientas de reducción de daños y regulando de manera eficaz los eventos masivos donde el consumo y abuso es moneda corriente. El próximo 7 de mayo se realizará una nueva edición de la Marcha Mundial por la despenalización de la marihuana. Vemos que es una buena oportunidad para poder profundizar estos debates y seguir luchando por la derogación de la Ley de Drogas.