El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, anunció que firmará un decreto en los próximos días en el que se revisarán los convenios de contratación de personas con las universidades y quedarán anulados los que no sean justificados hasta el 29 de febrero, y no descartó que pueda haber más despidos de empleados de la administración pública.
En entrevista con Télam y otros medios gráficos, el ministro detalló que tras el «primer mes de análisis de los 24 mil contratos» que vencieron el último día de 2015 (dispuesto por el decreto 254/15), «se cancelaron o no renovaron 6.124 contratos» de organismos del Poder Ejecutivo -no contempla el Poder Legislativo-, mientras que aseguró que «no se puede decir que sean los últimos porque la revisión seguirá hasta marzo».
Casi un tercio de los contratos cancelados -todos temporarios- pertenecen a las carteras de Interior, con 1.342 rescisiones, y Energía (942), seguidos por Jefatura de Gabinete (578), Justicia (524) y Cultura (500), entre otros.
Ibarra reiteró que el criterio considerado para habilitar la cancelación de los contratos, fue el de «personas que no aparecían en el lugar de trabajo, personas que hacían una tarea política concreta y no de servicio público, y por duplicación de tarea».
Consultado por las denuncias de ex contratados que aseguran haber estado trabajando, Ibarra remarcó que «se le pidió especialmente a los gremios ATE y UPCN que informen las situaciones que puedan ser injustas para ser revisadas», dijo que hasta ahora «no hubo ningún juicio, sólo un recurso de amparo» por parte de los despedidos y que la responsabilidad política de la finalización de los contratos «es de cada ministro, no de Modernización».
«Encontramos 130 casos de gente sin tarea asignada en la Secretaría de Comercio, y en el Instituto Malbrán había 200 casos de personas que nunca ficharon y eran militantes de organizaciones sociales», ejemplificó.
Con respecto al decreto -que se firmará entre mañana y el lunes-, tendrá «tres pautas de ordenamiento»: la primera será «implantar un mecanismo para aprobar los convenios (laborales) con universidades, que serán anulados si antes del 29 de febrero no fueron presentados por cada ministerio».
«Los convenios que no se justifiquen se cancelarán y los que sí, que sirvan y presten un servicio justificado, serán homologados por Modernización», sostuvo.
«La idea es blanquear las estructuras de servicios. Cuando los gremios cuestionan la precariedad laboral, se trata de este tipo de convenios o modalidades, que no están precisamente definidos», opinó.
En cuanto a esa precarización laboral desde el Estado, afirmó que «gradualmente» la meta del Gobierno es «llevar a planta permanente a todos los empleados, que las contrataciones temporales sean muchas menos, y que los contratos que sean temporarios lo sean sólo porque el servicio es circunstancial o porque son de la política, como plantas de gabinete».
La segunda normativa del decreto será que «no se van a permitir nuevas contrataciones de personal a partir del 1 de marzo sin autorización específica del Ministerio de Modernización», mientras que la tercera será el pedido de una auditoría sobre las liquidaciones de haberes del personal ocurridas entre octubre y diciembre del año pasado.
También anticipó que firmará «resoluciones administrativas» para «congelar las vacantes y que no se creen nuevos cargos» en el Estado, para «revisar 11 mil concursos públicos realizados en el Estado, analizando no sólo la vacante creada sino el procedimiento y forma del concurso», con la intención de centralizar «toda la infraestructura tecnológica para optimizar los gastos y revisar las 46 mil líneas telefónicas» que tiene registrada la administración pública.
En cuanto a la plantilla de todo el Estado, Ibarra informó los datos con los que cuenta hasta el tercer trimestre de 2015: «Hay 342.000 empleados de planta permanente, 64.000 contratados temporalmente y 37.000 en organismos descentralizados y empresas estatales. Si se suman las universidades nacionales, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, la cifra llega a 700.000 empleados».
En los próximos días, el ministro lanzará un Plan de Modernización que buscará «construir un Estado fuerte, solidario e innovador, que no sea una caja boba de la política mal entendida», y señaló que el Gobierno busca «una verdadera transformación del Estado».
En ese plan, se impulsará el expediente electrónico -siguiendo el modelo hecho en la Ciudad-, el cual tienen previsto que haya contemplado toda la administración pública para mediados del año que viene, y la «capacitación y jerarquización de los empleados públicos», junto al «aprovechamiento de recursos subutilizados».
TELAM
