Organizaciones de mujeres, de diversidad sexual, académicos y referentes vinculados a los derechos sexuales y reproductivos reclamaron la continuidad del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR), el cual se encuentra acéfalo desde el 4 de enero y no fue incluido en el nuevo organigrama del Ministerio de Salud de la Nación.
A través de una carta dirigida a la Subsecretaria de Atención Primaria de la Salud, Dora Vilar de Saráchaga las organizaciones y especialistas exigieron la urgente designación al frente del programa de una persona idónea que garantice la continuidad de las políticas públicas establecidas por la Ley de su creación.
El programa fue creado en el año 2003, luego de que se aprobara la Ley 25.673 que entre sus objetivos se encuentran “alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia”, también tiene por función prevenir embarazos no deseados, la salud sexual de los adolescentes y contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de vih/sida y patologías genitales y mamarias.
Además, el Programa, está a cargo de la aplicación de otras leyes, como la 26.743, de Identidad de Género y venía trabajando en los modelos de consentimiento informados para Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA). El año pasado había publicado la Guía para la atención de la salud integral de las personas trans y contaba con una Mesa Participativa integrada por organizaciones de diversidad sexual. También había elaborado el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.
Desde las mismas expresaron que «la sola vigencia de las leyes que hemos conquistado con la lucha del movimiento de mujeres y de la diversidad sexual no resuelve de por sí el efectivo acceso a los derechos que reconocen, para ello es necesario que se desarrollen políticas publicas concretas, concebidas con la participación de los actores sociales involucrados. Reclamamos el cumplimiento de las leyes de salud sexual e identidad de género, entre otras aplicadas desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y el cumplimiento de las prestaciones y distribución de los insumos sanitarios para el efectivo acceso a los servicios de salud de las mujeres y la diversidad sexual».