Por Nicolás Nuñez (Izquierda Socialista)
En medio de la pelea por el balotaje, el kirchnerismo celebró la aprobación en el Senado de un proyecto de Adriana Puiggrós que introdujo modificaciones respecto de la Ley de Educación Superior (LES) menemista aprobada en 1995. Se trata de la modificación de 6 artículos de los 89 originales y la incorporación de 2 nuevos que implicarían, según su autora, un ataque a sus “puntos neurálgicos”. En realidad es una nueva farsa para relegitimar la vieja LES menemista.
Primero, repasemos. Como señalamos en nuestro artículo a 20 años de su aprobación (El Socialista No 293 del 10/6/2015), la LES representa el marco legal de la privatización universitaria. El movimiento estudiantil resistió tenazmente su aprobación, pero por la traición de la Franja Morada (UCR) a la cabeza de la Federación Universitaria Argentina, no pudo evitar su sanción en el Congreso.
Lo que sí se pudo es evitar su plena aplicación. Por eso, a pesar de que la ley habilitaba el cobro de aranceles, la resistencia estudiantil y del conjunto del pueblo trabajador impidió que se generalice. Solo unas pocas universidades como la UNTREF (Tres de Febrero) y la de Córdoba (hasta 2011) impusieron el cobro. Ahora la nueva ley prohíbe el cobro de aranceles a futuro y no establece cómo proceder con los existentes, algo que dependerá de su nebulosa reglamentación, y por tanto de peleas por venir. Así, la “conquista histórica” que el kirchnerismo busca que agradezcamos, es una gratuidad en abstracto que ha venido siendo conquistada en los hechos con la lucha del movimiento estudiantil. En particular, en la pulseada ganada contra el intento de arancelamiento de marzo de 2001, que fue impulsado por el gobierno de la Alianza, del cual Puiggrós fue parte.
Ahora bien, los gobiernos avanzaron con la privatización junto a los empresarios buscando otras formas de colonizar la educación superior. Por un lado, los posgrados fuertemente arancelados que se engrosaron a costa de achicar las carreras de grado. Por otro, el gran negociado de estos 20 años de LES ha sido la generación de “recursos propios” habilitados en el inciso C del artículo 59. Estos pilares privatizadores se mantienen con la reforma K.
El Estado Nacional destina un 95% del presupuesto universitario a salarios (que son de miseria y con miles de docentes “ad honorem”), dejando la infraestructura y la investigación a cargo de la búsqueda de financiamiento privado a través de convenios con empresas. Así, el sistema educativo argentino ha sido volcado al servicio de los agroquímicos y la megaminería contaminante o al ocultamiento de los índices de pobreza, entre otros negociados con multinacionales y gobiernos de turno.
La reforma de Puiggrós deja taxativamente intacto el avance de la privatización universitaria. El modelo educativo al servicio de las empresas queda igual, y por tanto no sorprende que el rector de la UBA, el privatizador Alberto Barbieri, sea postulado a Ministro de Educación por Scioli. Así como, el actual ministro porteño Esteban Bullrich, el elegido por Macri, ha dado claras cuentas de seguir los mismos lineamientos en la Capital Federal: desfinanciamiento, evaluación de rankings para fomentar la generación de recursos propios, y aumento del financiamiento a la educación privada.
La reforma modifica el artículo 7 de la LES definiendo el acceso como “libre e irrestricto” y elimina la luz verde a la implementación de éxamenes de ingreso, como los que año a año generan bochazos masivos en Medicina de La Plata. Pero al mismo tiempo habilita “procesos de nivelación” a constituir por cada institución. Se abre así una nueva pelea para que la implementación efectiva de esta modificación.