Las querellas de HIJOS y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba solicitaron la pena para Menéndez y otros represores imputados por crímenes de Lesa Humanidad cometidos en los centros clandestinos La Perla y La Ribera, de esa provincia, durante la última dictadura.
El nuevo pedido de prisión perpetua para Menéndez fue formulado por los abogados querellantes Claudio Orosz, María María López y Lyllan Luque en la causa por delitos de lesa humanidad perpetrados en perjuicio de más de 90 víctimas en los mencionados campos de concentración e investigados en la megacausa La Perla.
Entre los casos agrupados en esta causa se encuentra el secuestro, detención-desaparición y asesinato de René Salamanca, quien era secretario general de la sindicato de mecánicos SMATA en Córdoba desde 1972 y militaba en el Partido Comunista Revolucionario (PCR).
El 24 de marzo de 1976 en la madrugada, Salamanca fue secuestrado por represores que lo llevaron a La Perla, donde permaneció cerca de 30 días hasta su “traslado”, eufemismo utilizado para el asesinato de los prisioneros y la desaparición de sus restos.
Otra de las víctimas emblemáticas, entre los casos investigados en la causa, es Tomás Cármen Di Toffino, el secretario adjunto del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba cuya conducción encabezó hasta su muerte en la clandestinidad Agustín Tosco.
El 30 de noviembre de 1976, Di Toffino circulaba por la calle Sucre entre Tablada y Humberto Primo cuando lo capturaron cuatro personas vestidas de civil que integraban un grupo operativo de inteligencia del Tercer Cuerpo de Ejército, cuyo jefe máximo era Menéndez.
El dirigente lucifuercista fue trasladado a La Perla, donde estuvo cautivo al parecer hasta el 21 de febrero de 1977, cuando fue asesinado en las inmediaciones y sus restos enterrados en un lugar hasta ahora desconocido.
Los querellantes consideraron a Menéndez coautor mediato de los delitos de homicidio, tormentos y privación ilegítima de la libertad, solicitando la pena de «prisión perpetua, accesorias legales e inhabilitación absoluta y perpetua, con declaración de reincidencia aplicándole un tratamiento penitenciario efectivo, en cárcel común, como cualquier ciudadano en conflicto con la ley penal».
También solicitaron penas de prisión perpetua para los represores Luis Santiago Martella, Carlos Alberto Lucena, Raúl Fierro, Héctor Hugo Chilo, Jorge Eduardo Gorleri, Jorge González Navarro, Luis Gustavo Diedrichs y José Andrés Tofalo.
Igual pena reclamaron para Héctor Pedro Vergez, Jorge Exequiel Acosta, Ernesto Barreiro, Carlos Enrique Villanueva, José Hugo Herrera, Oreste Valentín Padován y Carlos Alberto Diaz, mientras que otro de los represores imputados, Luis Manzanelli, falleció recientemente.
También pidieron prisión perpetua para Juan Eusebio Vega, Anoldo José López, Héctor Raúl Romero, Enrique Maffei, Ricardo Lardone, Eusebio Morard, Carlos Alfredo Yanicelli, Eduardo Grandi, Yamil Jabour, Herminio Antón, Antonio Filiz, Calixto Luis Flores, Miguel Angel Gómez, Juan Eduardo Molina, Marcelo Luna, Albero Luis Lucero, Fernando Andrés Perez y Francisco Domingo Melfi.
En el caso de los represores, Mirta Graciela Antón y Miguel Angel Lemoine, los querellantes solicitaron las penas de 25 años de prisión en cárcel común.
Tras la finalización de los pedidos de condena, comenzó su alegato el fiscal Facundo Trotta, en relación a 716 víctimas de la cuales hay 279 desaparecidos, 71 asesinatos cuyos cuerpos fueron recuperados, 13 detenidos políticos muertos en sesiones de torturas y la apropiación de un hijo de desaparecidos, el nieto Sonia Torres, la titular de la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo.