Ante el vergonzoso, aberrante y repudiable fallo de los jueces Llargues y Piombo de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, que atenuó la pena del violador de un nene de 6 años,100% Diversidad y Derechos presentará ante la Comisión Bicameral de Juicio Político un pedido para que se reinicie el proceso para su urgente destitución.
La agrupación emitió un comunicado al respecto, que se reproduce a continuación:
El fallo que atenuó la pena del violador resulta inaceptable por su carácter discriminatorio, machista y homofóbico en el que los jueces revictimizan al niño con el pretexto de su supuesta orientación sexual. En esta nueva sentencia los jueces afirmaron que “es claro que la elección sexual del menor… ya había sido hecha” y definieron esa supuesta orientación sexual de la víctima como “un torcimiento del desarrollo sexual del menor” lo que les hizo no verificar el supuesto de que “el abuso sexual haya resultado en concreto gravemente ultrajante”. Así, finalmente, fundaron su fallo en una “familiaridad que el niño ya demostraba en lo que a la disposición de su sexualidad se refiriera”.
Los mismos magistrados utilizaron pretextos machistas y clasistas al atenuar la pena de otro violador de dos niñas porque consideraron que, al ser pobres, eran “mujeres que viven en comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas” y que “además poseían experiencia sexual”. Esta sentencia ya había motivado el inicio de un juicio político en la Provincia de Buenos Aires, y después de casi cuatro años aún no los destituyeron, como este nuevo y lamentable fallo evidencia se requería.
En este marco, desde 100% Diversidad y Derechos exigimos que se impulse y avance rápidamente con el juicio político a los magistrados Piombo y Sal Llargues, iniciado por la sentencia de 2011 y solicitamos se agregue, como hecho nuevo, esta sentencia dictada por estos mismos jueces.
En ambos casos, los jueces sentencian revictimizando a las víctimas, apelando a sus condiciones de vulnerablidad para atenuar las penas de los condenados, en lugar de procurar con sus sentencias proteger a quienes se encuentran vulnerados en sus derechos. Con el agravante de hacerlo desde los cargos y las instituciones que deberían funcionar para proteger e intentar reparar el daño causado.
Es fundamental para que no se repitan este tipo de fallos aberrantes y discriminatorios la urgente destitución de estos jueces, que sí se hubiese concretado por el fallo de 2011, quizás hoy el niño víctima del abuso habría encontrado una justicia reparadora y su violador estaría cumpliendo la condena que realmente le corresponde. Y a su vez, la destitución oportuna de estos jueces hubiese sido un mensaje claro para quienes ejercen el servicio de justicia.