El Tribunal Oral Federal 6 dio inicio en la mañana de ayer al juicio contra cinco imputados que posibilitaron el robo de nueve bebés durante la última dictadura militar, en la maternidad clandestina que funcionó en el área militar de Campo de Mayo.
Se trata de los médicos Norberto Bianco y Raúl Eugenio Martín y la obstetra Yolanda Arroche de Sala García. También están imputados Reynaldo Bignone y el ex general Santiago Riveros, responsables de esa jurisdicción quienes estuvieron sentados juntos.
Los dos primeros están condenados con sentencia firme a 25 años de prisión por otros juicios de la megacausa de Campo de Mayo, que va por el proceso oral número once en los tribunales de San Martín.
Detrás de los jefes militares se ubicó el otro médico, Bianco, y, a unas sillas de distancia, la obstetra Arroche de Sala García. Después de la presentación de los imputados, los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Jorge Humberto Gettas, dieron lectura a las acusaciones por parte de la fiscalía.
Entre el público, estaban Francisco y Pablo Casariego, quien también nació en la maternidad clandestina de Campo de Mayo.
De los nueve bebés de los que se ocupa este juicio, tres fueron restituidos. Las madres que dieron a luz en la maternidad clandestina de Campo de Mayo fueron Marta Álvarez; Susana Stritzler; Mónica Masri; Valeria Beláustegui Herrera; María Eva Duarte; Myriam Ovando; Silvia Quintela Dallasta; Norma Tato y Liliana Isabel Acuña.
También, se busca establecer el rol de los acusados en la privación de la libertad de cuatro víctimas. Según las investigaciones de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, uno de los espacios que se usaron como maternidad clandestina fue una cárcel de detención para internos comunes. Pero también las mujeres secuestradas dieron a luz dentro del Hospital Militar, en un área apartada de los pacientes habituales.
En representación del Ministerio Público Fiscal, intervienen el titular de la Unidad de Asistencia en casos de terrorismo de Estado, Martín Niklison, y las fiscales ad hoc Viviana Sánchez y Nuria Piñol.
Durante el debate, se prevé escuchar la declaración testimonial de entre 30 y 40 personas.
A fines de la dictadura, Bianco además era mayor del Ejército. En los ´90, se fugó a Paraguay para evitar que se conociera el verdadero origen de Pablo, el nieto recuperado número 86, del que se había apropiado, que era hijo de los militantes peronistas Norma Tato y Jorge Casariego, secuestrados en 1977 y desaparecidos desde entonces.
En 1997, Bianco fue extraditado junto a su mujer, pero solo cumplió dos de los 11 años de prisión de una primera condena de la Justicia Federal de San Isidro por la apropiación. Vivió once años en Paraguay, hasta que en 2011, fue extraditado por segunda vez a pedido de la Justicia argentina. Fue por la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo, quienes lo acusaron por la sustracción y entrega de hijos de desaparecidos a otros apropiadores.
Desde la entidad que preside Estela de Carlotto lamentaron que el médico militar llegue a juicio «en la comodidad de su casa, gracias al beneficio otorgado arbitrariamente por el tribunal que entendió en la causa durante la última feria judicial».
También Riveros cumple prisión domiciliaria a pesar de que el TOF 5 de San Martín pidió el año pasado que cumpla pena en cárcel común.
En este juicio estuvieron imputados el ex general Domingo Antonio Bussi, y los médicos Ramón Oscar Capecce y Jorge Habid Haddad. El primero murió y los otros dos fueron apartados por cuestiones de salud.