El secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, Rafael Bielsa, se encuentra en Costa Rica, donde ayer hizo entrega de la presidencia “protempore” al Comisionado Antidrogas de Costa Rica, Mauricio Boraschi. Además se reunió con la mandataria del país anfitrión, Laura Chinchilla, a quien le transmitió el compromiso de Argentina en el abordaje de la problemática y le hizo llegar un cálido saludo por parte de su par, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Al disertar en el panel Nuevas Tendencias en las Políticas Nacionales de Drogas, el funcionario afirmó que “la penalización para el consumo a título personal no ha logrado el objetivo de reducir la venta minorista ni atacar a los grandes narcotraficantes, demostrando una gran ineficiencia en ir hacia arriba en la cadena de ventas”.
“Han sido los consumidores los que han engrosado las estadísticas y han padecido por ello, todo esto ha fomentado la corrupción y las injusticias, en especial en las poblaciones más excluidas”, dijo y remarcó que “presidentes y ex presidentes del hemisferio, con orientaciones políticas de la más diversa índole, se han manifestado en contra de penalizar a los consumidores; esta situación se da, simplemente, porque la criminalización no funciona y sólo ha dificultado las posibilidades de las personas de acceder a un tratamiento”.
Como ejemplo se refirió a la situación en la República Argentina, a partir de una decisión de la Corte Suprema de Justicia que plantea que la tenencia de estupefacientes para consumo personal, en tanto no afecte la moral pública ni perjudique a un tercero, no resulta punible.
El fallo señala que “la conducta no punible sólo es aquella que se da en específicas circunstancias que no causan daños a un tercero. La posición de la corte en el denominado fallo Arriola modifica la jurisprudencia pre existente, y entra en conflicto con la ley vigente. El argumento de este cambio es que las razones pragmáticas o utilitaristas en que se sustentaba la anterior jurisprudencia han fracasado”, manifestó.
Luego relató a los asistentes acerca del fallo Arriola, el cual exhorta a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país. Además impugna una norma legal vigente que criminaliza conductas que están protegidas por la Constitución Nacional Argentina. Y concluye afirmando que el Poder Legislativo ha sobrepasado las facultades que le otorgara la propia Constitución Nacional.
Bielsa subrayó que la posición de la Corte Suprema de Justicia Argentina en modo alguno implica legalizar la droga, sino evitar la criminalización del eslabón más vulnerable de la cadena. En ese sentido señaló que el fallo de la Corte hace eje en dos imperativos en la materia: “Pensar en una política criminal que no se agote en lo que resulta más sencillo para las fuerzas de seguridad y policiales, esto es, arrestar a pequeños consumidores”, y “Se hace cargo de la gravedad y del carácter dinámico del fenómeno”.
Asimismo se refirió a las evidencias concretas colectadas por el Observatorio Argentino de Drogas de la Sedronar, en cuanto a prevalencia anual de consumo, que establece que los perfiles de consumo más extendidos en la población son: a) ingesta de alcohol, más del 60% de los estudiantes del nivel medio que bebieron en el último mes, lo hicieron de manera abusiva; b) el consumo de psicofármacos en población joven y adulta; y c) el consumo de marihuana y cocaína.
Los estudios en poblaciones específicas en habitantes de sectores excluidos, pacientes en tratamiento y en población privada de la libertad, advierten sobre la gravedad del consumo de pasta base-paco. Este perfil de consumo se caracteriza por su uso frecuente y altamente adictivo, en poblaciones jóvenes y en contextos de mayor vulnerabilidad social, por lo que una dinámica social y económica diferente impone su carácter en este perfil de consumo y, en tal sentido, se hace menester diseñar dispositivos de prevención y tratamiento, y se requieren nuevos aportes metodológicos.
Por último, Bielsa aludió al avance de las llamadas drogas de síntesis, que constituyen un grupo farmacológicamente heterogéneo de compuestos psicoactivos que tienden a ser objeto de abuso por parte de adolescentes y adultos jóvenes en los clubes nocturnos, bares, fiestas rave o en el contexto de la música de trance.
“Es indispensable coordinar una agenda de prioridades inmediatas que oriente a las políticas públicas; bajo esta mirada diferencial, la Argentina busca optimizar los recursos disponibles para las políticas dirigidas a la promoción, prevención, asistencia y reinserción de las personas con consumos problemáticos, y priorizar aquellas cuestiones urgentes vinculadas con los grupos más vulnerables”, explicó.
Afirmó, entonces, que “para atender a esos sectores, el Estado debe hacer esfuerzos denodados para acercar servicios pertinentes de salud, trabajo y educación que sean cultural y geográficamente accesibles, y establecer una asociación entre el Estado y las organizaciones territoriales de base”. “Es indudable que los consumos problemáticos afectan tanto a los sectores de mayores ingresos como a los de menores recursos, pero es igualmente cierto que no los afectan de la misma manera”, añadió.
En el cierre de su exposición, el secretario manifestó que “es indudable que el recrudecimiento de la confrontación con la oferta por medio de instrumentos represivos no consiguió disminuir ni el adversario ni el espanto, pero es igualmente cierto que sin que las Fuerzas de Seguridad dispongan de instrumentos científicos y herramientas eficaces, como las educativas y formativas, no podrán cumplir con sus funciones específicas; nos referimos a la aplicación de protocolos de actuación y a los medios adecuados para obtener los fines perseguidos”.
El coordinador de la OID-Cicad, Francisco Cumsille, ofició de moderador del panel, del que también participó el secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Julio Calzada.