Hay cosas que empiezan a ser evidentes y en esta semana ya se ha desistido de una veintena de testigos. Las pruebas y testimonios contundentes –aún de aquellos que los abogados defensores buscan aportar para sus defendidos y no dan pie con bola- empiezan a dejar un manto de culpabilidad latente en los imputados. Se confirman datos, se agregan tiradores y partícipes necesarios de la patota –es el caso de gente de la empresa UGOFE presente en las vías aquél 20 de octubre- y los testigos de concepto cierran el círculo que unifica el ataque criminal con los intereses políticos y económicos del caso. La UF no logra despegar ni a los soldados rasos ni a los altos mandos. Buscan ser agresivos, presentar testigos y razones, pruebas consistentes. Pero no lo logran y quedan en ridículo: al descubierto.
El primer testimonio de la jornada fue el de Pablo Díaz –homónimo del imputado-, jefe de relaciones laborales de UGOFE que estaba enla misma función en 2010. Preguntado por Alejandro Freeland (abogado de Juan Carlos Fernández) –quien lo propuso como testigo- acerca de los ingresos de personal, confirmó que los listados los acerca la UF, tal lo estipulado en el convenio, pero pretendió disimular que fueran discrecionales. Aunque, en medio de su explicación, lanzó una llamativa expresión acerca de las “habilidades” de los contratados: “Se le hacen entrevistas personales, se intenta encontrar alguna habilidad técnica y, si se encuentra, se pasa al preocupacional”. Entre otras cosas irrelevantes, dijo que la bolsa la manejan con prioridad entre familiares de ferroviarios, pero no contó que muchos familiares quedan afuera y otros “no familiares” obtienen su ingreso –caso de varios miembros de la patota-. Pequeño y “olvidado” detalle.
Luego de responder ante las desorientadas búsquedas de Freeland pasó a responder a los fiscales y la querella. Allí se pudo saber que la empresa tenía conocimiento previo de que habría una convocatoria en las vías el 20 de octubre y que el comité gerencial –aunque los gerentes que declararon lo negaran- sabía del tema y lo habían avisado a Secretaría de Transporte. Todo esto –dijo- se lo “comentó el gerente de RRHH”, Hector Messineo.
También confirmó que desde el Taller de Remedios de Escalada avisaron a la empresa a las 11 de la mañana quiénes se habían retirado hacia el corte de vías. Díaz estuvo por Avellaneda y se cruzó con diferentes funcionarios de la empresa: Héctor Hourcade, Adrián Grisi, y el jefe de seguridad de Ugofe, Vitali. Luego se volvió.
Algunos de ellos ya declararon o fueron señalados por los testigos por su participación en el ataque. Según algunos testigos, Vitali le dijo a Díaz que lo que debiera hacer lo hiciera “ya” -instantes previos al ataque- y Hourcade fue identificado en las fotos con la patota al regreso del ataque por las vías.
Luego pasó a detallas la forma en que se digitan los descuentos por salidas del trabajo y que dependen de RRHH, dijo. En el acto de Hugo Moyano y CFK en River –previo al asesinato- y otros actos político sindicales –como el de CFK en Huracán luego del crimen- no sufrieron descuentos. El 20 de octubre, luego de los hechos – ¿y para no quedar ligados?-“se dio la orden de descontar”.
No pudo explicar por qué se descontaba aleatoriamente, pero aseguró que lo decidían en la gerencia de RRHH. Díaz, cabe remarcar, no pudo recordar ninguna sanción a ningún miembro de la patota, pero sí recordó haber sancionado –por pedido de él- a Jorge Hospital. La mayor parte de las preguntas de la querella y la fiscalía fueron respondidas con dos fórmulas: “No sé” y “No me acuerdo”. La tensión había ganado el cuerpo del Díaz no imputado –quizás por el temor de pasar a serlo-.
Para el final quedaron las ya clásicas notas que la UF presentó antes de 2007 –pre Ugofe- para incorporar tercerizados al Roca y posteriores que solo piden “equiparación salarial”. Freeland sigue insistiendo con estas “pruebas” que solo redoblan la noción de negociado: antes de manejar la cooperativa tercerizada Unión del Mercosur y el subsidio estatal, la UF pedía incluir tercerizados en planta –y afiliarlos en su convenio lo que redunda en ingresos a su sindicato-. Con el negociado en ciernes, solo pedía equiparación salarial, lo que redoblaría los subsidios para la Cooperativa Unión del Mercosur –entre otras-.
Un cirujano y un barrabrava
Luego fue el turno de Néstor Abel Hernández, cirujano del Hospital Argerich –al que fue trasladado Mariano tras el ataque-. Para entonces –y aún en la actualidad- el testigo era Director Médico del lugar. Fue breve y explicó que no hubo saturación del servicio –tal como pretendieron explicar los miembros de la patota que presentaron cortes y huyeron del lugar luego de que los llevara el imputado González-. El directivo, además, dijo que solo ingresaron dos heridos –Nelson Aguirre y Elsa Rodríguez- y Mariano ya muerto.
Después declaró José Carlos Sineriz, un “simple hincha que iba a la cancha” –según se describió- pero que tenia registrado a su nombre una flota de cinco equipos celulares. Entre los asignados dijo que uno era del “amigo de un amigo” que no conocía, del Ferrocarril, y que conocía a los otros de la cancha de Temperley: Marcelo Hernandorena era el contacto entre ellos. El “amigo del amigo” es nada menos que Gustavo Alcorcel, otro de los imputados de la patota. Sineriz dijo que “al pelado del ferrocarril no lo había tratado nunca”, pero luego reconoció que “alguna vez” le había acercado el dinero de las facturas telefónicas, dejando al desnudo sus ambiguedades.
Nuevo relato del ataque
Para el final, tras el receso, declaró Leandro Alfredo Tamame un compañero de militancia actual de Nelson Aguirre en el Partido Obrero, pero que a octubre de 2010 no conocía a ninguno de los imputados ni los lesionados. Sin embargo, como activista del PO había acudido en ayuda de los tercerizados y había convocado a la movilización.
Luego de que explicara su llegada al lugar y la primera “lluvia de piedras”, aportó un dato novedoso y llamativo: al irse –previo al ataque que acabaría en el asesinato de Mariano, porque debía trabajar- cruzó a un grupo de cinco personas en la Estación Irigoyen, que bajaron de un micro escolar y advirtieron al boletero que iban a “apoyar a los ferroviarios”. El que los “comandaba”, un hombre corpulento de ropa azul y pelo corto y oscuro, les advirtió que “a la gente” no le hicieran nada.
El cierre de la audiencia –más corta que de costumbre- dejó la sensación de que las defensas están perdidas. Aún en sus estrategias leguleyas, en sus pedidos de excarcelación a los imputados o en el desistimiento de testigos. Cuando son activos y cuando son pasivos. Las pruebas los sojuzgan: no tienen coartada que los salve.
Mariano Ferreyra: crónica del día 32 del juicio
Hay cosas que empiezan a ser evidentes y en esta semana ya se ha desistido de una veintena de testigos. Las pruebas y testimonios contundentes –aún de aquellos que los abogados defensores buscan aportar para sus defendidos y no dan pie con bola- empiezan a dejar un manto de culpabilidad latente en los imputados. Se confirman datos, se agregan tiradores y partícipes necesarios de la patota –es el caso de gente de la empresa UGOFE presente en las vías aquél 20 de octubre- y los testigos de concepto cierran el círculo que unifica el ataque criminal con los intereses políticos y económicos del caso. La UF no logra despegar ni a los soldados rasos ni a los altos mandos. Buscan ser agresivos, presentar testigos y razones, pruebas consistentes. Pero no lo logran y quedan en ridículo: al descubierto.
El primer testimonio de la jornada fue el de Pablo Díaz –homónimo del imputado-, jefe de relaciones laborales de UGOFE que estaba enla misma función en 2010. Preguntado por Alejandro Freeland (abogado de Juan Carlos Fernández) –quien lo propuso como testigo- acerca de los ingresos de personal, confirmó que los listados los acerca la UF, tal lo estipulado en el convenio, pero pretendió disimular que fueran discrecionales. Aunque, en medio de su explicación, lanzó una llamativa expresión acerca de las “habilidades” de los contratados: “Se le hacen entrevistas personales, se intenta encontrar alguna habilidad técnica y, si se encuentra, se pasa al preocupacional”. Entre otras cosas irrelevantes, dijo que la bolsa la manejan con prioridad entre familiares de ferroviarios, pero no contó que muchos familiares quedan afuera y otros “no familiares” obtienen su ingreso –caso de varios miembros de la patota-. Pequeño y “olvidado” detalle.
Luego de responder ante las desorientadas búsquedas de Freeland pasó a responder a los fiscales y la querella. Allí se pudo saber que la empresa tenía conocimiento previo de que habría una convocatoria en las vías el 20 de octubre y que el comité gerencial –aunque los gerentes que declararon lo negaran- sabía del tema y lo habían avisado a Secretaría de Transporte. Todo esto –dijo- se lo “comentó el gerente de RRHH”, Hector Messineo.
También confirmó que desde el Taller de Remedios de Escalada avisaron a la empresa a las 11 de la mañana quiénes se habían retirado hacia el corte de vías. Díaz estuvo por Avellaneda y se cruzó con diferentes funcionarios de la empresa: Héctor Hourcade, Adrián Grisi, y el jefe de seguridad de Ugofe, Vitali. Luego se volvió.
Algunos de ellos ya declararon o fueron señalados por los testigos por su participación en el ataque. Según algunos testigos, Vitali le dijo a Díaz que lo que debiera hacer lo hiciera “ya” -instantes previos al ataque- y Hourcade fue identificado en las fotos con la patota al regreso del ataque por las vías.
Luego pasó a detallas la forma en que se digitan los descuentos por salidas del trabajo y que dependen de RRHH, dijo. En el acto de Hugo Moyano y CFK en River –previo al asesinato- y otros actos político sindicales –como el de CFK en Huracán luego del crimen- no sufrieron descuentos. El 20 de octubre, luego de los hechos – ¿y para no quedar ligados?-“se dio la orden de descontar”.
No pudo explicar por qué se descontaba aleatoriamente, pero aseguró que lo decidían en la gerencia de RRHH. Díaz, cabe remarcar, no pudo recordar ninguna sanción a ningún miembro de la patota, pero sí recordó haber sancionado –por pedido de él- a Jorge Hospital. La mayor parte de las preguntas de la querella y la fiscalía fueron respondidas con dos fórmulas: “No sé” y “No me acuerdo”. La tensión había ganado el cuerpo del Díaz no imputado –quizás por el temor de pasar a serlo-.
Para el final quedaron las ya clásicas notas que la UF presentó antes de 2007 –pre Ugofe- para incorporar tercerizados al Roca y posteriores que solo piden “equiparación salarial”. Freeland sigue insistiendo con estas “pruebas” que solo redoblan la noción de negociado: antes de manejar la cooperativa tercerizada Unión del Mercosur y el subsidio estatal, la UF pedía incluir tercerizados en planta –y afiliarlos en su convenio lo que redunda en ingresos a su sindicato-. Con el negociado en ciernes, solo pedía equiparación salarial, lo que redoblaría los subsidios para la Cooperativa Unión del Mercosur –entre otras-.
Un cirujano y un barrabrava
Luego fue el turno de Néstor Abel Hernández, cirujano del Hospital Argerich –al que fue trasladado Mariano tras el ataque-. Para entonces –y aún en la actualidad- el testigo era Director Médico del lugar. Fue breve y explicó que no hubo saturación del servicio –tal como pretendieron explicar los miembros de la patota que presentaron cortes y huyeron del lugar luego de que los llevara el imputado González-. El directivo, además, dijo que solo ingresaron dos heridos –Nelson Aguirre y Elsa Rodríguez- y Mariano ya muerto.
Después declaró José Carlos Sineriz, un “simple hincha que iba a la cancha” –según se describió- pero que tenia registrado a su nombre una flota de cinco equipos celulares. Entre los asignados dijo que uno era del “amigo de un amigo” que no conocía, del Ferrocarril, y que conocía a los otros de la cancha de Temperley: Marcelo Hernandorena era el contacto entre ellos. El “amigo del amigo” es nada menos que Gustavo Alcorcel, otro de los imputados de la patota. Sineriz dijo que “al pelado del ferrocarril no lo había tratado nunca”, pero luego reconoció que “alguna vez” le había acercado el dinero de las facturas telefónicas, dejando al desnudo sus ambiguedades.
Nuevo relato del ataque
Para el final, tras el receso, declaró Leandro Alfredo Tamame un compañero de militancia actual de Nelson Aguirre en el Partido Obrero, pero que a octubre de 2010 no conocía a ninguno de los imputados ni los lesionados. Sin embargo, como activista del PO había acudido en ayuda de los tercerizados y había convocado a la movilización.
Luego de que explicara su llegada al lugar y la primera “lluvia de piedras”, aportó un dato novedoso y llamativo: al irse –previo al ataque que acabaría en el asesinato de Mariano, porque debía trabajar- cruzó a un grupo de cinco personas en la Estación Irigoyen, que bajaron de un micro escolar y advirtieron al boletero que iban a “apoyar a los ferroviarios”. El que los “comandaba”, un hombre corpulento de ropa azul y pelo corto y oscuro, les advirtió que “a la gente” no le hicieran nada.
El cierre de la audiencia –más corta que de costumbre- dejó la sensación de que las defensas están perdidas. Aún en sus estrategias leguleyas, en sus pedidos de excarcelación a los imputados o en el desistimiento de testigos. Cuando son activos y cuando son pasivos. Las pruebas los sojuzgan: no tienen coartada que los salve.