A 15 años de su apertura, la causa judicial que investigó el plan sistemático de robo de bebés en la dictadura militar entrará hoy en su etapa definitoria con el inicio de los alegatos finales, en el juicio que tiene como principales imputados a Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, en un proceso durante el cual para la fiscalía se probó que no se trató de casos aislados sino que fueron resultado de «órdenes dadas desde arriba».
Desde las 9.30, abrirán los alegatos los abogados del organismo querellante «Abuelas de Plaza de Mayo», cuya titular Estela de Carlotto radicó la denuncia judicial por el plan sistemático 15 años atrás y fue la que dio origen a la actual causa enviada a juicio oral en el 2007.
«Las órdenes para apropiarse de los recién nacidos fueron dadas desde arriba, no fue iniciativa de personas aisladas, esto estuvo organizado», dijo el fiscal de juicio, Martín Niklison, quien presentará su alegato después de Semana Santa, con una duración de entre 5 y 6 días y donde prevé pedir penas de hasta 50 años de prisión.
Para el delito que se juzga en el Tribunal Oral Federal 6 no está prevista la prisión perpetua pero sí penas significativas, sobre todo en aquellos casos en los que la apropiación se prolongó en el tiempo y en que las víctimas recuperaron la identidad pocos años atrás o aún se comete porque no se ha dado con el bebé robado, explicó Niklison.
«Que las órdenes fueron dadas desde arriba quedó claro con la maternidad clandestina que se instaló en la ESMA, por ejemplo», precisó Niklison, en referencia al lugar donde se hacía dar a luz a secuestradas embarazadas en ese centro clandestino de detención y que fue apodado por los mismos represores como la «pequeña Sardá».
El fiscal consideró que a lo largo del debate se sumaron pruebas «como para acusar a todos» los sentados en el banquillo de los acusados: Videla, Bignone, el ex general Santiago Omar Riveros, el ex almirante Antonio Vañek, el ex capitán de la Marina Jorge «Tigre» Acosta, el ex prefecto Jorge Azic, el ex marino Rubén Franco y el ex médico del hospital Naval acusado de haber asistido a los partos en la maternidad clandestina de la ESMA, Jorge Magnacco.
Además se juzgó al ex carapintada Víctor Gallo y su ex esposa por la apropiación del recientemente nieto recuperado Francisco Madariaga Quintela y al represor Eduardo Ruffo por el robo de Simón Riquelo, cuando nació en el centro clandestino de detención Automotores Orletti.
Todos son juzgados por «sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez años», en algunos casos por un hecho puntual, como Gallo o Azic y en otros por haber tenido poder de decisión en la implementación del plan de apropiación por el cargo que ostentaban, como obviamente Videla, Bignone, Acosta o Franco.
En total y por primera vez en un juicio oral, se analizaron 35 hechos de apropiación y se ventilaron ante los jueces casos dramáticos, como el de los tres hermanos Ramírez, enviados a un orfanato donde sufrieron abusos sexuales tras el asesinato de su madre o el de dos hermanos trasladados hacia Chile y abandonados en una plaza tras presenciar el asesinato de sus padres, para luego ser adoptados en ese país vecino pese a que en ambos casos había familiares buscando a los niños.
Por la sala de audiencias de Comodoro PY 2002 pasaron unos 400 testigos, entre víctimas de la apropiación, familiares, sobrevivientes de centros clandestinos de detención y otros que dieron cuenta entre otros aspectos de irregulares procedimientos de adopción llevados adelante por jueces de menores, algo que podría derivar en pedidos de apertura de causas penales nuevas por parte del Tribunal oral cuando de a conocer el veredicto.
De hecho hubo episodios que derivaron en escándalos judiciales, como el que ocurrió con el ya renunciado fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal Juan Martín Romero Victorica, a quien la nieta recuperada Victoria Montenegro denunció en el juicio oral al declarar como testigo por haber ayudado a su apropiador avisándole o adelantándole aspectos de la causa judicial en su contra.
Y por decisión del tribunal tuvo que declarar Jorge Bergoglio, mencionado por testigos como alguien que pudo saber lo que ocurría con los recién nacidos en centros de cautiverio y se evaluaron actitudes cuestionadas de la Iglesia católica ante los pedidos de ayuda de familiares que buscaban a los niños.
A lo largo de todo el año, los acusados hablaron varias veces ante el tribunal pero en ningún caso aportaron datos para localizar a los menores sustraídos que todavía se buscan pese a que algunos como Magnacco confesaron haber cometido los delitos, en su caso asistir partos de secuestradas sin dejar constancia de los nacimientos ni del destino de los bebés en la maternidad clandestina.
En el juicio se analizaron los robos de bebés en la ESMA y en los centros clandestinos de detención Campo de Mayo, «Pozo de Banfield» y «la Cacha».
El juicio comenzó hace un año, el 28 de febrero de 2011, ante los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Domingo Altieri, quienes escucharán ahora alegatos durante al menos dos meses antes de pasar a la etapa de últimas palabras de los juzgados y luego el veredicto.
Entre los casos que se analizaron estuvieron los de la nieta del poeta uruguayo Juan Gelman, de las Abuelas Estela de Carlotto, Chicha Mariani y los de los nietos recuperados Victoria Montenegro, el legislador Juan Cabandié, Victoria Donda, entre otros.
Fuente: Télam