Que la Presidenta vete la ley ‘antiterrorista’

Por Partido Obrero

QUE LA PRESIDENTA VETE LA LEY ‘ANTITERRORISTA’, QUE PENALIZA LA PROTESTA SOCIAL Y EL DERECHO DE HUELGA

QUE ARGENTINA ROMPA CON EL G20, QUE RESCATA A LOS BANQUEROS A COSTA DE LOS PUEBLOS, Y QUE IMPULSA LA REPRESIÓN DE LAS LUCHAS

QUE EL SISTEMA BANCARIO ARGENTINO SEA CONTROLADO POR LOS TRABAJADORES, Y NO POR LOS GRANDES PULPOS INTERNACIOALES QUE LAVAN DINERO DEL NARCOTRÁFICO

La sanción de la ley ‘antiterrorista’ ha desatado el repudio popular y provocado confusión y rechazo en gran parte de las bases del kirchnerismo. No es para menos: se trata de una imposición de las potencias capitalistas que dominan el llamado Grupo de los 20, que extorsionan a nuestro país con la amenaza de boicotear las relaciones financieras internacionales de Argentina. La aprobación por el Congreso de este proyecto del Poder Ejecutivo es un acto de sometimiento colonial.

La ley penaliza como ‘terroristas’ las acciones de presión contra el gobierno que sean consideradas delitos, que es como han sido calificados numerosas veces los cortes de ruta y las huelgas declaradas precisamente ‘ilegales’ o las ocupaciones de empresas en proceso de vaciamiento. La Presidenta hizo suyos los términos de esta ley en su discurso de reasunción del 10 de diciembre pasado, cuando arremetió, acusando de extorsivas, a las huelgas de petroleros y maestros en Santa Cruz, acusación que es un uso cotidiano del Ministerio de Trabajo en todos los conflictos sindicales.

La parte ‘pacífica’ de la ley, que coloca a los bancos que operan en Argentina bajo control internacional – ¡incluidos los bancos del Estado! –, con el pretexto de controlar el lavado de dinero, es igualmente repudiable, porque somete las finanzas nacionales a las internacionales, que son las grandes lavadoras de dinero con la complicidad de sus gobiernos. Es una acusación que lanzó Felipe Calderón, el presidente de México, contra Obama, luego que se descubriera un lavado de dinero de 300 mil millones de dólares, por parte del Wells Fargo, que fue sancionado con una multa mínima.

Junto a numerosas organizaciones populares, exigimos el veto de esta ley criminalizadora y colonial. Advertimos de que significa reclamar un retroceso político del gobierno autor del proyecto y de su mayoría parlamentaria. Por eso, planteamos desarrollar un plan de lucha de gran alcance hasta obtener su derogación.

Este reclamo podría ser caratulado como ‘terrorista’ en los términos de la nueva ley, porque pretende forzar al gobierno a anular sus propios actos, sin la posibilidad de argumentar que se trata de un reclamo popular, ello, porque el gobierno y su mayoría parlamentaria ya se han arrogado la condición de “nacionales y populares”.