Los acusados por delitos de lesa humanidad sometidos a juicio oral durante 2011 suman 193, la mayor cantidad desde la recuperación de la democracia en diciembre de 1983, con 81 represores condenados, 8 absueltos y 104 que continúan en el banquillo.
Según el informe difundido por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos, la cifra muestra una tendencia en aumento desde la creación del organismo, en 2007, y se visualiza como «una consolidación del proceso de juzgamiento en casi todo el país».
El relevamiento detalla que en el transcurso de 2011 concluyeron 20 juicios, en los que se condenó a 81 personas, 66 por primera vez, sin contar la sentencia en la causa «Hospital Posadas» que se conocerá el próximo 29.
Sin embargo, en el informe de la Unidad a cargo del fiscal Jorge Auat y que coordina Pablo Parenti, se advierten «demoras que se vienen registrando en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal para la revisión de los tribunales orales», y que «la etapa de instrucción que se observaba como principal problema a sortear comienza a superarse en casi todo el país».
«El proceso de juzgamiento aún presenta aspectos que deben profundizarse y a los que es necesario prestar mayor dedicación», indica el dossier, y pone como ejemplo el rol de los funcionarios judiciales que actuaron durante el terrorismo de Estado, tarea que «ha comenzado hace muy poco» con el juicio político a magistrados vinculados con la represión.
En cuanto a los responsables de administrar justicia, el informe señala que «existen varios ejemplos de que, aún en las condiciones generales actuales, la administración de justicia ha dado respuestas adecuadas en más de una jurisdicción», aunque reconocen que «hay muchos otros casos con posibilidades ciertas de mejorar».
En tanto, considera un «avance significativo» la realización durante el año de los primeros juicios en jurisdicciones como Bahía Blanca y Mar del Plata, aunque instó a «los responsables de los procesos a que redoblen sus esfuerzos y creatividad para resolver muchos de los problemas pendientes».
El informe calificó de «preocupantes» las demoras que se vienen registrando en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal para la revisión de las sentencias de los tribunales orales y consignó que durante 2011 el máximo tribunal penal «revisó 6 sentencias en relación con 13 imputados».
En cuanto a las condenas firmes, el organismo señala su preocupación porque «de los 266 condenados que existen hasta el momento, sólo 43 de ellos registran condenas firmes».
Sobre la situación de los detenidos, el informe resalta que a lo largo del año «no se han registrado casos de personas detenidas en unidades militares», como ocurría cuando fueron reabiertas las causas de lesa humanidad.
«De las 593 personas detenidas, el 50,5% se encuentra en unidades penitenciarias; el 39,9% en detención domiciliaria; 3,8% en dependencias de fuerzas de seguridad (provinciales o nacionales); y 0,2% en hospitales», detallan en el informe.
Sobre las causas por la apropiación de niños durante la dictadura, la Unidad dispuso de un grupo especial de trabajo que identificó inconvenientes y que motivaron la elaboración de un protocolo general de actuación fiscal para lograr mayor eficiencia con la asistencia durante la preparación del procedimiento.
También la Unidad trabajó en el seguimiento de los casos de violencia sexual ocurridos durante el terrorismo de Estado y elaboró un documento con consideraciones sobre el juzgamiento, concluyendo que «no resulta correcto subsumir los abusos sexuales solamente en la figura de tormentos, como se ha realizado en algunos pronunciamientos judiciales».
«Los abusos sexuales cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil son crímenes contra la humanidad y así se los debe considerar más allá de la frecuencia, sistematicidad o generalidad con que hayan ocurrido», añadió.
En otro punto, el informe subraya que a lo largo del año «se ha sostenido la tarea de búsqueda y análisis de documentación ubicada en el Archivo Histórico de la Armada» para permitir identificar y remitir a las fiscalías que lo requieren tanto legajos personales como actuaciones de tribunales militares en acciones represivas llevadas a cabo por la Marina.
En la misma línea, se señalan los archivos de Prefectura Nacional, que permitieron identificar elementos probatorios para investigaciones sobre los vuelos de la muerte utilizados para eliminar a los prisioneros arrojándolos al Río de la Plata.
La documentación obtenida permite advertir la importancia que podría tener acceder a los archivos de las fuerzas de seguridad federales (Policía, Gendarmería y Prefectura) de las diferentes delegaciones del interior del país, remarca al mismo tiempo que menciona la importancia de la documentación aportada por el Ministerio de Defensa a las fiscalías.
Fuente: TÉKAM