Los diputados de la oposición porteña buscarán hoy acordar los términos de la sesión especial prevista para el martes en la que debatirán los cursos de acción frente a la confirmación del procesamiento del jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, por las escuchas telefónicas.
Según anticiparon fuentes parlamentarias, las fuerzas antimacristas manejan tres opciones: la conformación de una Comisión Investigadora que analice la responsabilidad de Macri en la causa de espionaje, dar impulso a un juicio político por mal desempeño o el pedido de licencia al jefe del Ejecutivo local.
Sin embargo, el acuerdo que logren los doce bloques opositores estará supeditado a las conversaciones que mantengan en las próximas horas, en las cuales deberán dejar de lado las ansias de protagonismo que se observaron entre algunos diputados luego de la difusión del fallo de la Cámara Federal contra el líder del PRO.
Con un escenario -en principio fragmentado-, la oposición debate acciones en dos planos: el parlamentario y el «político”, a través del cual ya exhortaron a tomar licencia al jefe de Gobierno porteño al considerar que el distrito no puede estar conducido por una persona procesada.
Asimismo, en el camino legislativo estudian dar impulso a una de las herramientas previstas en el artículo 83 de la Constitución de la Ciudad y que prevé la conformación de una Comisión Investigadora para que estudie el grado de responsabilidad de Macri en torno a la causa de espionaje.
Esta alternativa, que requiere de la votación de una mayoría simple en el recinto, cuenta con el respaldo expreso de los bloques Peronista, de Encuentro Popular para la Victoria, Nuevo Encuentro, Diálogo por Buenos Aires y algunos monobloques.
No obstante, la iniciativa no termina de convencer a las bancadas de la Coalición Cívica, Igualdad Social y de Proyecto Sur, quienes, confirmaron igualmente su presencia el martes en la sesión.
Esta Comisión contaría con 15 miembros que serán los encargados, en 60 días, de redactar una «recomendación” al resto del cuerpo parlamentario, pero la observación de algunos diputados es que la resolución no adquiere un carácter vinculante, es decir, que sólo podría sugerir el juicio político a Macri.
Frente a ello, en algunos despachos de la Legislatura empezaron a hablar de iniciar directamente el juicio político, previsto en el capítulo cuarto de la Carta Magna, y cuya puesta en marcha requiere de 40 voluntades, cifra que, por ahora, la oposición no alcanza dado que cuenta con 36 bancas contra las 24 del macrismo.
«La idea de una Comisión Investigadora no me parece porque no se puede andar por donde ya anduvieron los expedientes judiciales», advirtió el legislador Martín Hourest.
Para el diputado, se debe «evaluar el mal desempeño de Macri al no poder nombrar funcionarios eficientes, muy por el contrario efectivizó a funcionarios para realizar actos de corrupción o delitos como fue el caso de Ciro James y Palacios».
El diputado Fernando Sánchez, presidente del bloque de la Coalición Cívica, indicó que «el martes la Legislatura va a tratar no solamente si corresponde la creación de una Comisión Investigadora, sino que además vamos a evaluar si es aceptable que el jefe de Gobierno siga en su cargo sin tomar ninguna responsabilidad en semejante crisis institucional».
En tanto, desde Proyecto Sur apostaron a «alcanzar un nivel de consenso con todos los bloques opositores logrando una postura para resolver esta problemática y plantear una alternativa superadora dentro del marco de la constitución y de las instituciones”.
«Convocamos a una sesión especial porque queremos que esta crisis institucional no nos haga detener. Hasta el momento queremos que se conforme una Comisión Investigadora para ver cuáles son las consecuencias en el estado de la Ciudad, no las consecuencias penales», aclaró la legisladora Gabriela Cerruti.
El diputado Raúl Fernández, sumó su presencia el martes e indicó que la conformación de la Comisión es «imperiosa para colaborar a esclarecer los hechos de espionaje ilegal en la Ciudad y ver la responsabilidad que le pueda caber al jefe de Gobierno, ministros y demás funcionarios sobre estos gravísimos hechos ocurridos”.
Fuente: TÉLAM