Gérmenes de la Dictadura en el Macrismo

Por Juan Oromí
Militante de la Juventud Rebelde 20 de Diciembre

Discurso y acción

“¿Por qué siempre ponemos el eje en los militares? Acá hubo dos lados. El terrorismo y el terrorismo de estado”. Mauricio Macri en una conferencia de prensa.

El discurso mismo de la gestión PRO ha sido invariablemente dirigido a criminalizar la protesta social. Desde el inicio de su período, ha enfrentado los “métodos” antes que los reclamos, buscando una justificación para su accionar represivo. Basta recordar, en el caso de la juventud, los ataques contra las medidas estudiantiles en 2008 durante el conflicto por el recorte de becas a los secundarios (la toma de colegios, los cortes de calle), ataques que dieron pie para judicializar a los luchadores: la primera respuesta ante un conflicto que dejaba a más de 500 compañeros en la calle fue pedir que se hagan listas negras con los nombres de los estudiantes implicados y amenazar a los docentes que se mostraban solidarios con nuestra lucha. 1

La justificación discursiva muestra el carácter sistemático de la represión: para hablar de la UCEP (la Unidad de Control del Espacio Público, dependiente del Ministerio de Espacio Público y encargada de golpear, amedrentar y desalojar a gente en situación de calle) el Jefe de Gabinete Rodríguez Larreta se refirió a “desalojos silenciosos”2. Esto habla de un Gobierno que entiende a las movilizaciones populares como eventualmente peligrosas, tal como lo demostró el Ministro de Seguridad Montenegro al declarar que la Metropolitana serviría para enfrentar los piquetes. 

Es inevitable observar el vínculo que tiene este accionar con la dictadura militar. De hecho, este vínculo se ve confirmado cuando se designan en puestos claves a personajes que defienden el proceso de 1976 sin tapujos, tal es el caso del “Fino” Palacios y el ex Ministro de Educación Abel Posse. Macri en persona se ha encargado de aclararnos los tantos: “El mejor intendente que tuvo la Ciudad fue Cacciatore”3, declaró, refiriéndose a un viejo golpista gorila e intendente de la Capital durante la última dictadura, fundador del modelo de las plazas de cemento y las autopistas sobre los indigentes. 

Pobreza = delito 

“Al ciruja me lo llevo preso. No podés alterar el orden en algo que es un delito, porque es tan delito robar la basura como robarle a un señor en la esquina.” Mauricio Macri, diario la Nación.

Para la Gestión PRO, los problemas se resuelven desde la misma gestión y no desde las políticas de Estado. Es por eso que el problema de la indigencia en la ciudad de Buenos Aires deriva en la adopción de la UCEP como un organismo parapolicial. Este grupo de Tareas, comandado por el Ministro Piccardo, tiene en su haber un centenar de hechos delictivos, en el que además de plazas, se cuenta su participación en violentos desalojos como el de la Huerta Orgásmika en Caballito o el Centro Cultural Almagro, además de amedrentar a vecinos en viviendas tomadas (Villa Ortúzar, la Boca, etc.). A pesar de que su participación en estos actos no tiene ninguna justificación legal y destila criminalidad, la Gestión no tuvo ningún problema en aumentar el presupuesto al Ministerio de Espacios Públicos aún luego de haber recibido denuncias hasta de organismos de derechos humanos4. Cuando el caso se hizo público, en parte gracias al enorme trabajo de la Coordinadora La Dignidad No se Privatiza, el Gobierno debió dar marcha atrás y desactivar la Unidad públicamente. 

También es pertinente hablar de la exacerbación de la xenofobia promovida por Macri y sus secuaces: a la hora de explicar la ineficacia del sistema de salud público porteño, Mauricio echa la culpa a los trabajadores de provincia que vienen a atenderse a Capital, y por supuesto, a los bolivianos5. Esta tendencia también se ve en el caso villas, el problema social más comentado de nuestra Ciudad. A mediados de 2009, el Jefe de Gobierno intentó lanzar un plebiscito para la erradicación de los asentamientos, que fue detenido por la oposición en la legislatura6. La solución para la Gestión PRO pasa ahora por “urbanizar” las villas, solución que tiene dos problemas evidentes: primero, que los negociados inmobiliarios del Gobierno no tienen límites 7(casos de viviendas construidas para gente de bajos recursos que son vendidas aún antes de inaugurarse). Segundo, que los mismos habitantes de las villas (como fue el caso de Zavaleta, en la villa 21-24) se oponen a la construcción hacia el interior de sus asentamientos, porque es una política que fomenta la “guetización” de las villas, aislándolas y convirtiéndolas en territorios “prohibidos” (el mayor problema es social: la mayor parte de los trabajadores que viven en villas deben mentir sobre su domicilio para conseguir empleo)8.

Ante todo esto, la respuesta automática del PRO y los medios aliados es criminalizar la pobreza, y justificar la represión contra los jóvenes de bajos recursos, como el caso de Mabel Guerra.

Criminalización de la protesta y la juventud

«Los adolescentes, los jóvenes que protestan, ¿pueden ser considerados adultos, digamos, en el sentido de actor político? No, no pueden ser considerados actores políticos. Entonces, a la protesta lo que hay que hacer es poner límites” Gabriela Michetti, en el programa de Mariano Grondona.

La Gestión del macrismo está  basada en la concepción neoliberal (base ideológica de Videla y su credo) de eliminar absolutamente la participación de las masas en la vida política, y, por consecuencia, en el desprecio a las organizaciones juveniles y estudiantiles. En el ya mencionado caso de la lucha por las becas de 2008, los funcionarios del Gobierno se encargaron más de una vez de acusar a los estudiantes de “militantes”, como si este rótulo tuviera automáticamente una carga negativa. Esta visión confirma que para el PRO gobernar es gestionar, y nada más. 

La campaña de criminalización de la protesta tiene como punta de lanza la exacerbación del “sentido común” por parte de Macri y su gabinete. Es más que recurrente el recurso de decir que los piqueteros (o los manifestantes que hacen una marcha) le impiden al ciudadano su “libre tránsito”. Esta contraposición responde también a la visión neoliberal del derecho: es más importante para Mauricio el derecho de un auto que el del pueblo a manifestarse. La policía Metropolitana, como se dijo antes, está destinada a barrer de las calles a los manifestantes liberándolas para la gente de bien. La misma designación de Fino Palacios (volteado por la movilización popular) como su máxima figura expresa el contenido ideológico de la misma: además de estar implicado en la horrorosa causa de la AMIA como encubridor y en el asesinato de Axel Blumberg, Palacios defiende públicamente “la lucha contra la subversión” ( por ejemplo, en su libro “Terrorismo en la Aldea Global”) y fue procesado por su responsabilidad en la masacre del 20 de diciembre de 2001 en Plaza de Mayo.

Otro caso elocuente es el de los docentes. El argumento de que los paros “le roban las clases a los chicos” intenta, además de generar nuevamente una división entre la sociedad, criminalizar la actitud de los trabajadores que reclaman por sueldo digno. De hecho, mientras Macri dice que no hay plata para dar aumentos, recorta el presupuesto educativo (por ejemplo, al no contemplar la inflación, este año el presupuesto baja un 2,5%) y aumenta el subsidio a los colegios privados. Es decir, detrás de un discurso lavado que apunta al sentido común del ciudadano, se esconde una política clara de vaciamiento de la educación pública. Pero su respuesta a los reclamos no es una disputa ideológica, sino una desviación del asunto: la protesta está prohibida. 

El mismo origen del PRO y sus cuadros puede dar una respuesta a esta actitud: una fuerza política sin pasado en la política, y una serie de referentes sin pasado militante. Es decir, el proyecto político del PRO y su reacción frente a las demandas populares encarna simplemente una pertenencia de clase de la más pura que se puede encontrar. Para ejemplificarlo, Macri nos confirma su comprensión de los problemas sociales: 

Periodista: ¿Alguna vez pasaste necesidades? 
Macri: Sí. Me acuerdo que a los 18 años fuimos a Chile con unos amigos, era mi primer auto. Llevábamos unos buenos mangos, pero descontrolamos en el casino. Perdimos todo lo que teníamos y tuvimos que vender las ruedas de auxilio del auto, y el estéreo, para poder cargar nafta y comprar unos sandwiches para volver. Dormimos un par de días en la calle hasta que conseguimos compradores. (Revista viva)

Represión y tortura en democracia: el caso de la Metropolitana

“Para mí el tema de la lucha contra la subversión es una cosa muy complicada. Yo creo que la vida y la historia demuestra que los ideales son una cosa y la realidad es otra. Cuando uno sueña que un policía tiene que agarrar al ladrón y pedirle por favor que confiese, la realidad se encarga de demostrar que no es tan fácil que confiese.” Mauricio Macri, Revista Noticias

La creación Policía Metropolitana se basa para el Gobierno en dos “necesidades” del pueblo porteño: la “sensación” de inseguridad, fomentada por los medios de comunicación y para nada avalada por las estadísticas, y la urgencia del libre tránsito, despejando de las calles a los vecinos y organizaciones sociales que piden el cumplimiento de sus derechos. 

Esta base ideológica que apunta a la criminalización de la protesta y el fomento de la exclusión y la desigualdad social mediante la estigmatización de los pobres le trajo serios problemas al Gobierno a la hora de armar la nueva fuerza represiva. En primer lugar, el “Fino” Palacios debió renunciar tras ser defendido estoicamente por Macri, debido a las múltiples causas en las que estaba implicado. Luego, el escandaloso caso de Ciro James que se llevó puesto a una serie de funcionarios de la nueva policía. Ciro James es otro reflejo de que la seguridad PRO significa espionaje y represión: él era la mente detrás de las escuchas telefónicas a luchadores de la AMIA, docentes, secundarios y otros. 

Finalmente, la Metropolitana salió recientemente a las calles con la complicidad  y el voto del Gobierno Nacional, que está harto de hacerse cargo de lo que la Federal haga en la Capital Federal (lo que no significa que no lo avale, basta recordar las declaraciones de Aníbal Fernández a favor de la represión a los estudiantes de la FUBA en el Congreso). El primer escándalo, además de la compra de uniformes con sobreprecios y el excesivo gasto presupuestario en la creación de la fuerza (mientras vivienda, salud y educación son partidas recortadas), es sin dudas la implementación de las pistolas Taser x26. Estas pistolas producen una descarga eléctrica que tiene como objetivo “paralizar” al potencial delincuente. 

Hasta desde el Gobierno Nacional, nuevamente Aníbal Fernández salió a defender el uso de las armas-picana. En otras fuerzas, dependientes de la Rosada, se utilizan estos artefactos. Tanto los K como el PRO intentan dar justificaciones estadísticas que pueden ser contrastadas muy rápidamente. Por ejemplo, en Ciudad1, página de difusión del Gobierno de la Ciudad, se dice lo siguiente: “En el estado americano de Florida, bajó la tasa de agentes heridos, tras la adopción del sistema Taser, un 80%, el uso de armas de fuego en incidentes críticos se redujo también en un 68%. En Phoenix, en el estado de Arizona, el número de criminales heridos por disparos de armas de fuego de los agentes del orden bajo un 54%.”

Lo que no aclara Burzaco, jefe de la Metropolitana, es que, por ejemplo, estas armas son declaradas como elementos de tortura por Amnistía Internacional y la ONU, y que en los países donde se utilizan las cifras son contundentes: en Canadá (donde la tasa de homicidios general es de solamente 1,8 habitantes sobre 100 mil, de las tasas más bajas del mundo) las taser produjeron desde el 2003 hasta el 2008 26 muertos, mientras que en Estados Unidos acumulan 360 desde 2001. 

Otro dato importante y que revela un problema más de la Metropolitana, es que ningún agente ha tenido experiencias con Taser x26 anteriormente. De hecho, el 75% de la Fuerza está compuesto por ex Federales, y el resto no es mejor: se complementa con ex bonaerenses (muchos de ellos con causas, como ha sido denunciado en la legislatura), ex gendarmes y ex prefectos. 

Desautorizado recientemente por una jueza Andrea Danas, que prohibió momentáneamente la utilización de las modernas picanas en base a un amparo presentado a la justicia, Burzaco se encargó de explicar que esto era un retroceso para la seguridad de los ciudadanos.

Esta última reacción del funcionario macrista nos hace entender, al no poder justificar fehacientemente por qué las Taser ayudarían a combatir el delito, que lo que se busca no es ofrecer una fuerza de seguridad, sino simplemente un dream team argentino para la represión de los subversivos y los pobres.