La jueza Andrea Danas, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 9, dictó ayer una medida cautelar en la que ordena suspender el uso de las armas Taser por parte de la Policía Metropolitana, hasta tanto exista sentencia definitiva.
La magistrada hizo lugar a un amparo presentado el último 22 de febrero por el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) ante la justicia porteña para impedir la utilización de las pistolas de descarga eléctrica por considerarlas un elemento de tortura.
Con la documentación aportada por el ODH, la jueza entendió que las armas Taser no resultan razonables para ofrecerle seguridad a la población, y que ante los dos bienes jurídicos en juego, la seguridad por un lado y la salud y la vida de la población por el otro, debe priorizarse lo último.
El amparo se había sustentado en tres premisas básicas: a) el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales desaprobaron el uso de las armas tipo Taser; 2) el uso de éstas puede lesionar derechos como la vida, integridad física y salud de las personas, aún de quienes se encuentran en perfecto estado de salud, conforme informes que están citados; 3) la incorporación de estos dispositivos puede fomentar el encubrimiento o la impunidad policial (en tanto las armas no dejan marcas en el cuerpo) favoreciendo situaciones de abuso policial.
La medida judicial fue celebrada por dirigentes de la oposición, quienes adelantaron que darán impulso a un proyecto de ley en la Legislatura para prohibir definitivamente el uso de las pistolas eléctricas por parte de los efectivos de la fuerza de seguridad ideada por el macrismo.
“Vamos a plantear en el ámbito de la Legislatura lo que mundialmente dicen los organismos de derechos humanos acerca del peligro que implican estas armas”, manifestó el diputado de Encuentro Popular para la Victoria Francisco “Tito” Nenna.
Desde la Policía Metropolitana afirmaron que la misma respeta la decisión de la Justicia, pero consideraron que ”la utilización criteriosa bajo circunstancias puntuales y por personal debidamente entrenado -tomando en cuenta recomendaciones a nivel internacional- disminuye considerablemente el uso de armas que si ocasionan la muerte”.
Tras la difusión de la orden, el bloque de legisladores de Proyecto Sur expresó su “conformidad con el fallo en la Ciudad y la expectativa de que, como corolario, se prohíba el uso de estas picanas eléctricas en todo el territorio argentino para evitar abusos policiales y violaciones a los derechos humanos”.
Por su parte, la legisladora Gabriela Alegre dijo que “por suerte hay una jueza que, con sensatez, dio lugar a este amparo ante el peligro que implica el uso de las Taser” y consideró que la medida “garantiza la vida, la dignidad y la salud de los vecinos para que no se experimente con ellos”.