Para el Tribunal Ético por Cromañón, la Tragedia «Fue un Crimen Perpetrado bajo el Mando de un Estado Democrático”

En estos términos el Tribunal Ético convocado por familiares, sobrevivientes y amigos de las víctimas de Cromañón, expresó su veredicto acerca de la masacre del 30 de diciembre de 2004.

En un acto realizado anoche en el Colegio Público de Abogados, el tribunal integrado por Adriana Calvo, Oscar Castelucci y Juan Carlos Volnovich detalló las responsabilidades éticas de los funcionarios públicos que llevaron a que se produzca la tragedia y que estuvieron involucrados en la gestión del entonces jefe de gobierno Aníbal Ibarra.

“Cromañón no fue un accidente, tampoco fue una tragedia inevitable, fue un crimen que afectó a toda una generación y a todo un pueblo. Fue un crimen perpetrado bajo el mando de un Estado Democrático. Fue un crimen en masa perpetrado contra una población inerme, según define el diccionario la palabra <masacre>», dictaminó el tribunal al cumplirse cinco años de Cromañón.

El tribunal basó su veredicto en las presentaciones realizadas por: los “amicus curiae” (amigos del tribunal) Diana Maffía y Patricia Walsh, legisladoras de la Ciudad, Pablo Pimentel y Graciela Rosemblum, militantes de DDHH; las y los peritos Maristella Svampa (socióloga), Isabelino Siede (educador), Enrique Piñeyro (piloto y cineasta) y Susana Etchegoyen (médica); las y los testigos Alberto Lebbos (papá de Paulina Lebbos, asesinada en Tucumán en 2006), Gustavo Carabajal (periodista de La Nación), Raul Buganem (padre de una de las víctimas de Keyvis), y Santiago Morales (sobreviviente de Cromañón); los defensores Marisol Gallardo y Eduardo Soares; y los fiscales Martín Caparrós y Laura Ginsberg.

En su calidad de ex Defensora del Pueblo adjunta en Derechos Humanos (MC 1998-2003) y como integrante de la Comisión de Mujer, Infancia y Adolescencia y de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Maffía presentó su aporte al Tribunal Ético señalando las obligaciones del Poder Ejecutivo, así como de la función de los organismos de control; y una valoración del papel de las organizaciones sociales.

«En el caso Cromañón, el protagonismo social no fue acompañado por el poder de control sino que se actuó muy por debajo de las amplias posibilidades de intervención. Ante la falta de cumplimiento del Ejecutivo, la persistente falta de control y la ausencia de sanciones para los locales, la Defensoría del Pueblo debió cumplir su obligación de denunciar ante juez competente la omisión de la Subsecretaría de control Comunal y al propio titular del Poder Ejecutivo. Pero esto no ocurrió. El informe fue enviado a la Legislatura, que tampoco intervino como forma de control de políticas públicas. Y ningún fiscal inició de oficio una investigación a partir de la difusión pública del informe sobre locales bailables que produjo un resultado obviamente violatorio de las obligaciones y de ciertos riesgos para un segmento de cuidado especial según nuestra Constitución como son lxs adolescentes y jóvenes» señaló Maffía.

Y agregó: «Cuando la noche del 30 de diciembre de 2004 ocurrió el incendio de República Cromañón, llevándose la vida de 194 personas y más de 700 heridos, sólo se puso de manifiesto la dimensión del riesgo en que el abandono por parte del Estado de sus obligaciones, sometía cotidianamente a estxs jóvenes. Hay dos modos de violar derechos por parte del Estado: el abuso de poder y la omisión de obligaciones que garanticen el ejercicio de derechos. Una “irregularidad administrativa” se constituyó en una sentencia de muerte».

Todo el material de la jornada podrá verse en www.quenoserepita.com.ar.

1 Comentario

  • Facundo dice:

    Para IURE y el MNR que lo miran por la web!! Estos son los forritos de derecho que hicieron campaña en derecho contra la destitución de de Ibarra.

    Después los dos se volvieron a acomodar, el MNR con Tellerman y IURE con el Gobierno K.

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