La Legislatura porteña sesionó ayer por última vez en el año y, como suele pasar en esta instancia, sancionó varias iniciativas que andaban pululando por los pasillos legislativos y que no tuvieron un lugar en las agendas de los diputados porteños.
Una de ellas es la Ley de Inclusión Educativa Plena para la Ciudad de Buenos Aires, autoría del presidente de la Comisión de Educación, Enrique Olivera.
“La Ley de Inclusión Educativa sancionada hoy asegura políticas sociales integradas en los ámbitos educativos con mayor vulnerabilidad económica y social para que los niños que ingresan a la escuela lo hagan en condiciones de educabilidad biológica y social”, manifestó Olivera.
Y agregó: “Las desventajas que no se superan en la niñez son difíciles de remontar a lo largo de la vida”.
La Ley sancionada crea un observatorio con amplia participación social para monitorear la aplicación de las políticas de inclusión educativa y asegurar la calidad en todos los aprendizajes.
La Legislatura también aprobó instituir el Premio Raquel Liberman a organizaciones y/o personas que lleven adelante un proyecto que promueva y proteja los derechos de las mujeres sobrevivientes de situaciones de violencia o promueva la discusión social sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito de la Ciudad. La autora del proyecto es la diputada Diana Maffía.
El nombre del premio constituye un homenaje a Ruchla Laja (Raquel) Liberman, inmigrante polaca que en 1923 desembarca en Buenos Aires y en 1929, denuncia a una organización de tratantes que incluía a la Policía, la Dirección de Migraciones, la de Sanidad y hasta a la institución judicial. Después de su denuncia, 108 de los más de 400 proxenetas registrados en aquella sociedad que se declaraba de socorros mutuos fueron detenidos y procesados.
El estímulo, cuya primera edición será durante el año 2010, consistirá en un diploma y una retribución monetaria equivalente a un sueldo mensual bruto de un/a diputado/a de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se otorgará cada dos años.
El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en el término de sesenta (60) días a partir de su promulgación.
En la misma sesión el cuerpo aprobó otros dos proyectos de Maffía. Uno, propone regular la transferencia de recursos económicos públicos que el Poder Ejecutivo realice a las asociaciones cooperadoras escolares. La ley propone que se establezca el destino que se debe dar a los fondos, las rendición de cuentas de su utilización, los principios sobre los que se debe sustentar el régimen de compras y contrataciones especial que se apruebe y los procedimientos básicos que se deben cumplir para la toma de decisiones de las Comisiones Distritales de Cooperadoras (CO.DI.CO).
El otro, declara personalidad destacada en el ámbito de la cultura a Cecilia Scalisi, Licenciada en Artes musicales con orientación instrumental (Humbolt-Universität de Berlín, Alemania) y una entusiasta defensora de la actividad musical clásica de Buenos Aires.
En base a un proyecto del titular del bloque de la Coalición Cívica (al que pertenecen Olivera y Maffía) aprobó en su sesión de anoche la Ley Integral de Protección y Asistencia al Celíaco, que tiene como objetivos prioritarios promover investigaciones respecto de esta enfermedad, crear programas de control de alimentos y
medicamentos que permitan la detección de gluten en dichas sustancias.
En su artículo 5to. la norma establece que se disponga la entrega de un subsidio a las personas comprendidas en esta ley por medio del programa Ciudadanía
Porteña o cualquier otro que lo reemplace en el futuro.
Otro de los diputados de la Coalición Cívica, Facundo di Filippo, fue el impulsor del proyecto que la Legislatura convirtió anoche en ley para urbanizar las villas 31 y 31 bis, habitadas por unas 26.000 personas.
«Se trata del primer paso para concretar la esperanza de miles de vecinos de tener una solución adecuada a sus problemas habitacionales», indicó el autor de la norma y presidente de la Comisión de Vivienda del legislativo porteño.
La norma fue aprobada por los 54 diputados presentes.
Di Filippo trabajó con vecinos de las villas 31 y 31 bis en la redacción de la ley y que se basa en un proyecto de urbanización de esos barrios precarios de Retiro elaborado por el Instituto de la Espacialidad Humana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA.
«Ese plan urbanístico ha sido calificado por especialistas como la alternativa más seria para dar una solución definitiva a los habitantes de esas villas», destacó el legislador, quien integra Jóvenes por la Igualdad (JxI), una de las agrupaciones fundadoras del ARI y de la Coalición Cívica.
Di Filippo dijo que esa ley «se corresponde con el mandato constitucional de que toda persona tiene derecho a una vivienda digna», tras lo cual indicó que «el déficit habitacional en nuestra ciudad es dramático, afecta a poco más de medio millón de personas».
La norma ordena la creación de una «Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa», integrada por representantes del Ejecutivo y la Legislatura porteña y del ONABE (Organismo Nacional Administrador de Bienes del Estado) para que planifiquen e implementen la urbanización de esos asentamientos habitacionales tomando como base el plan «Barrio 31 Retiro-UBACyT A401», del Instituto de la Espacialidad Humana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA.
Esa «Mesa de Gestión» deberá, además, generar «los mecanismos adecuados para la regularización dominial y catastral de los inmuebles afectados al proceso de urbanización con fines de vivienda única» y remitir a la Legislatura «los proyectos de rezonificación, como los de expropiación de los inmuebles que resulten necesarios».
«A todas las reuniones de la Mesa de Gestión y Planeamiento Participativa se convocará a los representantes y vecinos del barrio, quienes podrán expresar su voz en el ámbito de la misma, debiendo consultárseles sobre toda aquella decisión que los afecte especialmente», ordena el artículo 5º de la ley.
En el artículo 8º se dispone que la puesta en marcha de la urbanización de las villas 31 y 31 bis «no implicará desalojo alguno», mientras a «aquellos habitantes cuyas viviendas necesiten ser relocalizadas se les garantizará, en acuerdo con los mismos, una adecuada solución habitacional».
En otro orden, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires autorizó al Poder Ejecutivo a celebrar operaciones de crédito público por un monto máximo de trescientos ochenta millones de dólares con el objetivo de aplicarlo al pago de la expansión de la Líneas de subterráneos A, B y H.
Además, los legisladores aprobaron un despacho consensuado entre los diputados Martín Borrelli, Inés Urdapilleta, Diego Kravetz, y Silvia La Ruffa, a los que se sumó un proyecto del Ejecutivo, sobre Registro de Comercialización de bebidas alcohólicas, horarios de locales bailables y expendio de bebidas alcohólicas.
La medida impone un límite horario al expendio de bebidas alcohólicas (sólo podrán venderse hasta las 5 de la mañana), la entrada a boliches y lugares bailables (hasta las 4 de la mañana) y postula la creación de un Registro de Comercialización de bebidas alcohólicas.
El proyecto que permitiría la construcción de un shopping en Caballito, sobre unos terrenos que pertenecían al club Ferro y fueron comprados por la empresa IRSA, no fue incluida en el temario y será una cuestión de la que se encargará debatir una nueva composición legislativa. Vecinos de la zona que se oponían a la iniciativa festejaron dentro y fuera de la Legislatura la decisión de los legisladores.
Los legisladores sancionaron la Ley que crea el régimen regulatorio de sangre, sus componentes y hemoderivados, «para asegurar el abastecimiento, la seguridad transfusional y garantizar la autosuficiencia de la Ciudad», en adhesión con la Ley Nacional de Sangre.
Por otro lado, también se aprobó el proyecto de ley de la Legisladora porteña Marta Varela (PRO) cuyo objetivo es implementar en el ámbito de la Ciudad, la Libreta de Salud de Niñas, Niños y Adolescentes destinada a registrar los controles y prácticas médicas de los niños/as y adolescentes, desde su nacimiento hasta los 18 años.
Otra de las iniciativas promulgadas es la que plantea regular la habilitación y el funcionamiento de los natatorios (públicos o semipúblicos) de la ciudad, que entre otros puntos estipula que aquellas piletas que superen determinada superficie tendrán que contar con un médico en forma permanente, mientras que deberá haber un guardavidas por cada 100 usuarios.
Con respecto a la nueva reglamentación vehicular de quita de puntos, se descontarán 5 puntos del registro de conducir a quienes no tengan la patente reglamentaria en su vehículo o bien -por algún mecanismo- «impida o dificulte su visualización» y 10 puntos a quien tenga colocada en su vehículo una chapa patente que no se corresponda con el mismo.
La Legislatura no trató el proyecto que apoyaba Zbar para construir un Shopping en el Campo de Deportes del Nacional Buenos Aires.
Otra victoria de los estudiantes, los docentes, y la Universidad Pública, y otra derrota para los ladrones que, como Agustín Zbar, piensan en sus negocios antes que en la Universidad.