Con la presencia de las diputadas Diana Maffía, Gabriela Alegre, Gabriela Cerutti y sus respectivos/as asesores/as se desarrolló esta mañana una reunión de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud con la visita de funcionarios/as del Poder Ejecutivo en el área de adicciones.
Verónica Mora, Coordinadora de atención de Conductas de Riesgo Adictivo del Ministerio de Salud, Beatriz Baldelli, Directora del Centro «La otra base del Encuentro» y Mario Kameniecki, director del Centro «Carlos Gardel» (estos dos últimos integrantes de la Red Metropolitana de Servicios en Adicciones dependiente de la Dirección General Adjunta de Salud Mental) fueron los encargados de explicar a la Comisión el trabajo que vienen realizando desde esa área del Ejecutivo.
Como vicepresidenta de la Comisión, Maffía interpeló a los funcionarios respecto de los obstáculos de aplicación de la Ley Nº 2318 (de Prevención y Asistencia del Consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo) y a la ejecución presupuestaria destinada al funcionamiento del Observatorio de Adicciones. “Dentro del presupuesto de 10.200.000 millones de pesos destinado al tema de prevención de adicciones, el Observatorio es el que mayor ejecución presupuestaria tiene (alrededor del 16,7%), pero el organismo se dedicó en la primera parte del año a hacer una encuesta de opinión pública destinada a mostrar cómo la gente percibía la relación entre consumo de drogas y violencia. ¿Y para qué sirvió? Para que el Poder Ejecutivo en campaña electoral sepa cómo referirse al tema drogas. Es decir, tuvo una partida que no produjo ninguna cifra acerca de la demanda de adicciones, a desagregarlas por sexo, edad, por comuna, por tipo de adicción, por tipo de consumo, por tipo de demanda” explicó Maffía.
Y preguntó: «¿Cual es el presupuesto ejecutado en prevención por quien monopolizó el presupuesto?» A lo que, con los números en la mano, se contestó: “Cero. Cero recursos para prevención, quiere decir que se están usando mal los recursos”.
Respecto de los obstáculos de aplicación de la mencionada ley, Mora esbozó una explicación al señalar que a pesar de haber desarrollado un cronograma de reuniones informales desde mediados del año pasado, la convocatoria formal del Poder Ejecutivo para avanzar con la reglamentación de la ley 2318 se produjo hace tan solo un mes. Por otro lado, si bien la ley claramente establece las responsabilidades de distintos ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social ha tenido la iniciativa aislada de presentar su propuesta de reglamentación parcial. Entre otros escollos para el desarrollo de políticas públicas integrales sobre esta temática esta funcionaria manifestó que aunque la Coordinación que ocupa se creó en febrero de 2009 su designación formal recién se produjo tres meses después. Asimismo, esta Coordinación no cuenta con partidas presupuestarias asignadas, tampoco con personal propio, ya que el total del presupuesto de la Ciudad asignado a prevención y atención de adicciones fue monopolizado por el Ministerio de Desarrollo Social.
La visita se cerró con la contundente conclusión de Maffía. “Me queda claro que la Coordinación no tiene injerencia ni competencia alguna en los lugares de internación para las víctimas de adicciones, ni públicos ni privados, no pueden evaluarlos no pueden valorar si son los apropiados, y no pueden establecer bien el tipo de tratamiento que necesitan las personas en esta situación”.
