Organizaciones Sociales de Todo el País Reclaman Urgente Reglamentación de la Ley de Bosques

Más de setenta organizaciones sociales y ambientales de todo el país reclamaron al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, y a las carteras de ambiente provinciales nucleadas en el Consejo Federal del Medio Ambiente,  la urgente reglamentación de la Ley de Bosques.
El borrador de la reglamentación de la Ley de Bosques fue realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, luego de un proceso consultivo del que participaron organizaciones ambientalistas y el Consejo Federal del Medio Ambiente, y fue girado a principios del mes de julio al Poder Ejecutivo, donde se encuentra demorado en el Área de Coordinación de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía.
Sin embargo, las nuevas autoridades de la Secretaría de Ambiente de la Nación convocaron nuevamente al Consejo Federal del Medio Ambiente a revisar un nuevo borrador de reglamentación, elaborado el 23 de enero de este año por la misma Secretaría.
Frente a esta situación, más de setenta organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas de todo el país, “alarmadas por el constante avance de la deforestación”, presentaron la semana pasada una carta dirigida al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, y al Consejo Federal del Medio Ambiente, en la que señalaron que “la excesiva demora en su reglamentación pone en crisis su operatividad y genera una profunda preocupación por el futuro de la norma”.
La Ley de Bosques fue sancionada el 28 de noviembre de 2007 tras una campaña pública que logró juntar un millón y medio de firmas, y establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realice un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.
En ese sentido, las organizaciones advirtieron que la reglamentación debe “promover que los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos sean el resultado de un verdadero proceso participativo, que le dé legitimidad a la zonificación resultante y que permita mitigar los daños que la deforestación genera sobre las comunidades campesinas e indígenas».
Las organizaciones reclamaron que la reglamentación respete el espíritu original de la Ley de Bosques y sea una herramienta eficaz para detener la deforestación, y señalaron que para ello resulta imprescindible “la adopción de mecanismos que permitan a la sociedad civil y sus instituciones participar del control de la efectiva implementación de la ley, y en la consideración de mecanismos de transparencia, como así también para el monitoreo de su cumplimiento, asignación, distribución y ejecución de fondos».
La norma crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (cerca de mil millones de pesos al año) para distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en zonas boscosas.
Finalmente, las organizaciones alertaron sobre la necesidad de asegurar que los fondos para la protección de los bosques que la norma establece “promuevan de manera eficaz y transparente la protección y manejo sostenible de la mayor superficie posible en cada jurisdicción, y que la compensación para los titulares de bosques que realicen tareas de conservación o manejo sostenible de los recursos forestales resulte un incentivo eficaz para detener la deforestación”.